Fundamentos

La paradoja de la tolerancia: qué quiso decir Popper

Por Daniel Sardá · Publicado el 24 de septiembre de 2026 a las 06:03 UTC

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La tolerancia ilimitada puede destruir las condiciones que la hacen posible. La advertencia de Popper, sin embargo, no es una licencia general para censurar.

La paradoja de la tolerancia parte de una contradicción aparente: una sociedad tolerante puede necesitar poner límites a ciertas formas de intolerancia para seguir siendo tolerante. Si permite sin defensa que alguien intimide, persiga o elimine a quienes piensan distinto, puede terminar perdiendo el pluralismo que pretendía proteger.

Esta idea suele resumirse como «no hay que tolerar a los intolerantes». La fórmula es atractiva, pero también peligrosa. Leída sin contexto, puede convertir una advertencia sobre la defensa de la sociedad abierta en un permiso para silenciar a cualquiera que reciba la etiqueta de «intolerante».

Karl Popper planteó un problema más preciso. Su argumento no elimina el debate ni convierte toda opinión ofensiva en violencia. Pregunta qué debe hacer una sociedad cuando algunos aprovechan sus libertades para destruir las libertades de los demás.

Idea clave: La paradoja no dice que toda idea intolerante deba prohibirse. Advierte que la tolerancia no puede exigir pasividad frente a la persecución, la coacción o la violencia.

De dónde viene la paradoja de la tolerancia

Popper formuló la paradoja en una nota del capítulo 7 del primer volumen de La sociedad abierta y sus enemigos, obra publicada originalmente en 1945. No era una regla jurídica detallada ni el argumento central de todo el libro, sino una reflexión sobre las condiciones que permiten conservar una sociedad abierta.

Su razonamiento comienza con una posibilidad inquietante. Si una sociedad extiende una tolerancia ilimitada incluso a movimientos dispuestos a suprimir el intercambio racional y perseguir a sus adversarios, esos movimientos podrían destruir tanto a sus oponentes como al propio orden tolerante.

Pero el contexto importa. Popper no propone suprimir de inmediato la expresión de toda filosofía intolerante. Mientras sea posible responder mediante argumentos racionales y la opinión pública permita contenerla, considera imprudente recurrir a la prohibición. La cuestión cambia cuando un movimiento rechaza el debate como método, enseña a responder con violencia o busca impedir por la fuerza que otros hablen y ejerzan sus derechos.

Por eso la paradoja describe una tensión, no ofrece un atajo. Una sociedad abierta debe preservar espacio para ideas equivocadas, desagradables e incluso hostiles. A la vez, no está obligada a contemplar de manera indefensa cómo se destruyen las reglas que hacen posible ese espacio.

Tolerar no significa aprobar

La tolerancia solo tiene sentido cuando existe una objeción. Toleramos una creencia o una práctica que consideramos errónea, inconveniente o moralmente reprochable porque hay una razón superior para no impedirla: el respeto a la libertad ajena, la paz civil o la igualdad de derechos. Si estamos de acuerdo, no hace falta tolerar; sencillamente aprobamos.

Esta diferencia evita dos confusiones frecuentes. La primera es pensar que permitir una opinión equivale a respaldarla. La segunda es suponer que criticar una idea constituye intolerancia. En una sociedad plural, las personas pueden defender, refutar, ridiculizar, abandonar o rechazar ideas sin pedir que el poder las prohíba.

La tolerancia y los derechos se relacionan, pero no son idénticos. Un ciudadano no conserva sus libertades porque los demás juzguen valiosas sus convicciones, sino porque las reglas protegen a todos por igual. Esa protección incluye el derecho de otros a disentir y responder.

Distinción esencial: Tolerar una opinión es permitir que se exprese; no implica declararla verdadera, respetable ni inmune a la crítica.

Una opinión no es lo mismo que una amenaza

Para aplicar la paradoja con prudencia conviene separar distintos planos: ideas, expresión, organización y conducta. Mezclarlos permite que una palabra vaga —«intolerancia»— decida por sí sola qué puede decirse o hacerse.

Imaginemos a una persona que sostiene una doctrina ofensiva y excluyente. Otros pueden contradecirla, negarle apoyo, organizar una protesta pacífica o persuadir a su audiencia. Esas respuestas también forman parte de la libertad de expresión. El desacuerdo intenso no destruye necesariamente la sociedad abierta; con frecuencia demuestra que sigue viva.

Ahora imaginemos a un grupo que amenaza a quienes participan en una reunión, bloquea por la fuerza su acceso o persigue a una minoría para impedirle ejercer derechos comunes. Ya no estamos ante una idea que compite en el debate. Aparecen conductas de intimidación o coacción que alteran las condiciones del intercambio y reducen a otros al silencio.

La frontera no siempre será sencilla, pero eso no justifica borrarla. Una expresión puede ser cruel sin constituir una amenaza; una organización puede defender cambios radicales sin ejercer violencia. Del mismo modo, la coacción no deja de serlo porque se presente como una opinión política.

Cómo puede responder una sociedad abierta

La paradoja tampoco obliga a escoger entre indiferencia y censura. Existe una escala de respuestas, y no todas pertenecen al Estado. La crítica, la educación, el periodismo, la asociación voluntaria y el retiro de apoyo son instrumentos sociales. Una prohibición legal, en cambio, activa el poder coercitivo y por eso exige una justificación más estricta.

Una respuesta compatible con la sociedad abierta debería atender al menos a cuatro criterios:

• Conducta identificable: evaluar amenazas, persecución, coacción o ataques a derechos, no una etiqueta ideológica imprecisa.
• Reglas generales: aplicar los mismos principios a aliados y adversarios, sin convertir el poder en árbitro de opiniones aceptables.
• Proporcionalidad: preferir la discusión y las respuestas menos restrictivas cuando todavía sean eficaces.
• Garantías institucionales: exigir procedimientos públicos, revisión y límites al poder para reducir decisiones arbitrarias.

Estos criterios no resuelven cada caso concreto. Sí ayudan a impedir dos errores opuestos: reaccionar demasiado tarde ante una amenaza real o usar una amenaza hipotética como excusa para castigar el disenso.

Criterio práctico: La defensa institucional debe dirigirse contra actos que niegan derechos iguales o sustituyen la persuasión por la fuerza, no contra la mera existencia de opiniones impopulares.

Este criterio no elimina los desacuerdos difíciles, pero orienta los límites a la coacción: proteger la discusión pública exige impedir que la fuerza silencie a quienes participan en ella.

El riesgo de que el poder abuse de la paradoja

La objeción más fuerte a una lectura expansiva es evidente: quien gobierna podría llamar «intolerante» a cualquier adversario. Si basta una acusación para excluir a alguien del debate, la supuesta defensa de la tolerancia reproduce el mismo autoritarismo que decía combatir.

De ahí la importancia del Estado de derecho. Los límites deben descansar en normas conocidas, derechos iguales y procedimientos que también protejan al acusado. La intención declarada de defender la democracia no vuelve justa cualquier medida.

Este punto es especialmente importante desde una perspectiva liberal. La libertad no depende de que el gobernante identifique correctamente a los buenos y a los malos, sino de instituciones que restrinjan su capacidad de imponer esa clasificación. Proteger una sociedad abierta exige atender tanto a las amenazas privadas como a los abusos del poder público.

Una advertencia, no una licencia para censurar

La paradoja de la tolerancia conserva su valor cuando se lee con límites. Recuerda que el pluralismo necesita defensa: nadie tiene derecho a expulsar a otros de la vida común mediante persecución, intimidación o violencia. También recuerda que esa defensa puede corromperse si se apoya en categorías vagas y decisiones discrecionales.

La pregunta decisiva no es quién resulta desagradable o qué idea provoca mayor rechazo. Es si todavía existe un intercambio en el que todos conservan derechos iguales o si alguien intenta sustituir la persuasión por la fuerza. Mientras el debate sea posible, una sociedad abierta confía primero en la razón, la crítica y la opinión pública. Cuando aparece la coacción, puede defender sus reglas sin abandonar los principios que pretende preservar.