Fundamentos

Liberalismo y sociedad abierta: qué los une y qué los distingue

Por Daniel Sardá · Publicado el 18 de septiembre de 2026 a las 13:23 UTC

7 min de lectura1.519 palabras

Una sociedad abierta protege la crítica y la corrección pacífica de los errores. El liberalismo aporta derechos e instituciones para que esa apertura no dependa de la buena voluntad del poder.

Una sociedad puede celebrar elecciones y, aun así, cerrar el espacio donde sus ciudadanos discuten, investigan y corrigen al poder. Puede haber urnas y mayorías, pero poca protección para quien critica una política o publica información que contradice la versión oficial. Por eso, hablar de liberalismo y sociedad abierta exige algo más que una lista de valores democráticos.

Ambos conceptos se refuerzan, pero no son sinónimos. La sociedad abierta describe una forma de convivencia e instituciones en la que las ideas y las decisiones públicas pueden someterse a crítica y revisión. El liberalismo es una tradición política que pone en el centro las libertades individuales, el gobierno limitado y las reglas que frenan la arbitrariedad. Juntos ofrecen una respuesta a una pregunta práctica: ¿cómo puede una comunidad cambiar de rumbo sin tener que silenciar o destruir a quienes discrepan?

Idea clave: Una sociedad abierta no es una sociedad sin conflictos; es una sociedad capaz de procesarlos sin convertir el desacuerdo en enemistad política.

La sociedad abierta: corregir errores sin violencia

El concepto está estrechamente asociado a Karl Popper y a La sociedad abierta y sus enemigos, publicada originalmente en 1945. Su preocupación no era diseñar una comunidad sin certezas, sino cuestionar las doctrinas que presentan la historia, la nación o una clase social como portadoras de un destino que los demás deben obedecer.

La intuición popperiana parte del falibilismo: las personas pueden equivocarse, incluso cuando actúan con convicción y buena fe. Esa idea, que Popper desarrolla en su filosofía del conocimiento, tiene una consecuencia política importante. Si nadie posee una verdad definitiva sobre cómo debe vivir toda la sociedad, las instituciones deben permitir examinar decisiones, señalar fallas y rectificar.

Esto no equivale al escepticismo total. Que una afirmación sea revisable no significa que todas las afirmaciones sean igual de buenas ni que sea imposible distinguir entre evidencia y propaganda. La apertura requiere debate de razones, contraste de hechos y disposición a cambiar de opinión cuando la crítica muestra un error. El pluralismo protege la existencia de desacuerdos; el relativismo, en cambio, renunciaría a discutirlos con criterios compartidos.

En política, esa diferencia se vuelve concreta. Una prensa que investiga al gobierno, un grupo de vecinos que impugna una medida y una oposición que puede competir por el poder no garantizan decisiones perfectas. Sí crean vías para detectar abusos y reemplazar políticas o autoridades sin recurrir a la violencia.

Qué aporta el liberalismo a esa apertura

La apertura no se sostiene solo con una cultura de tolerancia. Depende de derechos e instituciones que no queden a merced de la conveniencia de una mayoría temporal. Ahí aparece la afinidad con el liberalismo.

En su sentido amplio, el liberalismo vincula la libertad individual con el constitucionalismo, el Estado de derecho y las libertades civiles y políticas. No pide que todos compartan una visión moral, religiosa o económica; exige que puedan defender sus convicciones dentro de reglas generales que también protejan a sus adversarios.

La libertad de expresión permite cuestionar una tesis equivocada y escuchar una denuncia minoritaria. La libertad de asociación da a las personas medios para organizar una crítica. La independencia judicial y el debido proceso limitan la capacidad de las autoridades para castigar selectivamente a sus opositores. Y la igualdad ante la ley impide que el poder convierta su desacuerdo con una persona en una excepción jurídica.

Estas garantías explican por qué el liberalismo institucional no es un adorno procedimental. Las reglas importan porque distribuyen y limitan el poder de decidir sobre otros. Una sociedad abierta necesita que la crítica pueda tener consecuencias públicas sin que el crítico dependa de la indulgencia de quien gobierna.

Idea clave: El derecho a discrepar es más sólido cuando no descansa en una promesa del gobernante, sino en normas que también pueden invocarse contra él.

Instituciones que hacen visible una sociedad abierta

No hay un catálogo que agote el concepto, ni las instituciones funcionan de forma automática. Pero algunas salvaguardas revelan si una sociedad puede revisarse a sí misma.

Estado de derecho. Las autoridades deben actuar bajo normas públicas y aplicables de manera general, con controles frente a decisiones arbitrarias. Si la ley cambia para castigar a un crítico o favorecer a un aliado, la posibilidad de corregir al poder se debilita.

Expresión e información libres. Criticar una política no basta si no se puede acceder a información para evaluar sus efectos. La diversidad de voces no elimina el error, pero reduce la posibilidad de que una sola versión se vuelva intocable.

Asociación y sociedad civil. Sindicatos, universidades, organizaciones vecinales, comunidades religiosas, empresas y medios independientes permiten cooperar y defender intereses diversos. La cooperación voluntaria no resuelve cada conflicto, pero ofrece ámbitos de acción que no dependen de una orden central.

Oposición y alternancia reales. Una oposición legal, con posibilidad de organizarse y competir, convierte el cambio de autoridades en una alternativa pacífica. No basta con que haya votación: deben existir condiciones para cuestionar al incumbente, contar votos con garantías y aceptar el resultado.

Ninguna de estas piezas es suficiente por sí sola. Una constitución puede prometer libertades que en la práctica se niegan; una prensa formalmente privada puede quedar expuesta a presiones arbitrarias. La sociedad abierta es, por tanto, una exigencia institucional y cultural: reglas exigibles, ciudadanos dispuestos a usarlas y autoridades que no puedan declararse árbitros finales de la verdad.

Por qué votar no basta

La democracia electoral responde a una cuestión indispensable: cómo designar y reemplazar gobernantes sin violencia. Pero el gobierno de la mayoría no autoriza a una mayoría a eliminar los derechos que hacen posible el desacuerdo. Si una elección habilita la censura de críticos, la persecución de asociaciones o la concentración ilimitada del poder, el procedimiento democrático pierde las condiciones que permiten corregir sus propios errores.

La relación entre democracia y sociedad abierta es, entonces, de apoyo posible, no de identidad. Las elecciones competitivas pueden formar parte de la apertura; por sí mismas no prueban que exista. El criterio relevante es más exigente: ¿pueden los ciudadanos cuestionar a quienes mandan, exigir razones, acudir a instituciones independientes y promover una alternativa?

Advertencia: La regla de la mayoría decide muchas controversias; no convierte a la mayoría en propietaria de la conciencia, la palabra o los derechos de la minoría.

Tampoco son lo mismo liberalismo, capitalismo y neoliberalismo

Otra confusión frecuente reduce el liberalismo a una defensa automática del capitalismo o lo identifica sin matices con el neoliberalismo. Son debates relacionados, pero distintos.

El capitalismo describe, en términos generales, un orden económico con propiedad privada, intercambio y actividad empresarial. Puede favorecer ámbitos de independencia frente al poder político, pero un mercado no garantiza por sí mismo libertad de expresión, jueces independientes ni trato igual ante la ley. Una economía con intercambios privados puede coexistir con controles políticos que vuelven muy costosa la crítica.

Por su parte, «neoliberalismo» nombra corrientes, períodos y controversias del siglo XX y XXI; su uso es a menudo polémico. En este artículo, el punto no es defender una agenda económica cerrada, sino distinguirla de la cuestión institucional básica: qué límites impiden que una autoridad, una mayoría o un grupo dominante silencie a otros. Para esa discusión específica, puede ser útil profundizar en la diferencia entre liberalismo clásico y neoliberalismo.

Esta cautela también sirve para leer a Popper. Su defensa de una sociedad abierta y de una democracia liberal no lo convierte, sin más, en portavoz de una receta económica única o de un laissez-faire sin condiciones. Atribuirle un programa tan preciso requeriría evidencia textual adicional.

Apertura no significa tolerancia sin límites

Una objeción razonable pregunta si una sociedad abierta debe tolerar incluso a quienes quieren suprimir toda libertad ajena. La respuesta no puede ser que cualquier conducta queda justificada por el mero hecho de expresar una opinión. La violencia, la intimidación y la destrucción de las garantías que permiten disentir afectan las condiciones mismas de la apertura.

Pero tampoco se sigue que el poder pueda censurar toda idea que considere peligrosa. Las restricciones necesitan reglas generales, debido proceso, posibilidad de defensa y control público. De otro modo, la excepción creada para proteger el pluralismo se convierte rápidamente en un instrumento para perseguirlo.

El equilibrio no consiste en eliminar los desacuerdos profundos. Consiste en conservar un marco donde puedan discutirse, organizarse y resolverse sin que una parte reclame el derecho de decidir qué opiniones merecen existir.

Una brújula contra el monopolio de la verdad

Liberalismo y sociedad abierta se encuentran en una disciplina de modestia política: el poder debe poder ser criticado porque puede errar, y los ciudadanos deben poder vivir y asociarse de modos distintos porque ninguno tiene autoridad para imponer una verdad completa sobre los demás.

No es una promesa de armonía ni una fórmula que sustituya la deliberación difícil. Es un criterio para evaluar instituciones y decisiones: allí donde se castiga la crítica, se vuelve imposible la oposición o una mayoría queda sin límites, la apertura se reduce. Allí donde las personas pueden hablar, organizarse, impugnar y cambiar autoridades bajo reglas comunes, la sociedad conserva mejores medios para aprender de sus errores.