Fundamentos

Límites a la coacción: cuándo el poder puede restringir la libertad

Por Daniel Sardá · Publicado el 13 de septiembre de 2026 a las 01:20 UTC

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Restringir una conducta puede ser necesario, pero una ley existente no basta para justificar el uso de la fuerza pública.

Una persona decide no usar casco al desplazarse en bicicleta. Otra vierte residuos en el agua que abastece a su vecindario. En ambos casos, una autoridad podría querer prohibir, sancionar o imponer una conducta. Pero las razones para hacerlo no son idénticas. La primera decisión puede parecer imprudente; la segunda amenaza a otros. Distinguirlas ayuda a responder una pregunta que está en el centro de una sociedad libre: ¿cuándo puede el poder público restringir la libertad individual?

Los límites a la coacción no consisten en negar que el derecho tenga consecuencias o que el Estado deba actuar ante daños. Consisten en tratar la fuerza pública como un recurso excepcional: debe tener una finalidad comprensible, reglas conocidas y frenos que impidan convertir una necesidad alegada en poder sin límite.

Coaccionar no es simplemente influir

La coacción estatal aparece cuando una institución pública vincula una orden, una prohibición o una condición al riesgo de una sanción u otra carga jurídica. Una multa por incumplir una norma, la clausura de una actividad prohibida o una obligación exigible son formas posibles de coacción. Su rasgo distintivo no es que alguien cambie de opinión, sino que el incumplimiento trae una consecuencia impuesta por una autoridad.

Eso la separa de la persuasión. Una campaña que aconseja reducir el consumo de azúcar intenta convencer; una norma que prohíbe una venta bajo pena de sanción obliga. También conviene separar la coacción estatal de la violencia privada y de la necesidad material. Que una persona acepte un empleo por falta de alternativas puede ser una situación dura y moralmente relevante, pero no describe por sí sola el ejercicio de una potestad pública.

Esta precisión evita dos errores opuestos. El primero llama coacción a toda influencia social y vuelve el concepto inútil. El segundo imagina que el poder estatal solo coacciona cuando usa fuerza física. Las restricciones jurídicas ordinarias pueden condicionar decisiones de manera decisiva incluso sin ese extremo.

Idea clave: Persuadir ofrece razones; coaccionar asocia el incumplimiento con una carga que una autoridad puede imponer.

En una tradición liberal clásica, este poder requiere especial cuidado porque la libertad no significa ausencia de toda norma. Significa, entre otras cosas, poder orientar la propia vida sin quedar sometido a órdenes cambiantes, selectivas o imposibles de anticipar. Por eso la discusión no termina al comprobar que existe una regla: empieza al preguntar qué autoriza, a quién alcanza y qué límites tiene.

Daño a terceros: una razón relevante, no una fórmula automática

John Stuart Mill formuló una referencia influyente para este debate. En el primer capítulo de Sobre la libertad, sostuvo que el bien propio de una persona adulta no basta, por sí mismo, para compelerla; distinguió la compulsión de intentar persuadirla. Su planteamiento suele resumirse como el principio de daño: la intervención es más defendible cuando busca evitar perjuicios a otras personas.

La diferencia puede verse en los ejemplos iniciales. Sancionar el vertido contaminante puede responder a un daño que recae sobre terceros. Prohibir una elección adulta solo porque parece arriesgada adopta otra justificación: proteger a quien decide de las consecuencias de su propia decisión. Esta segunda clase de intervención se conoce como paternalismo.

No se sigue de ello que toda medida protectora sea injustificable ni que toda referencia al daño resuelva el caso. Qué cuenta como daño, qué evidencia lo acredita, cuán probable debe ser y qué respuesta es necesaria son cuestiones discutibles. Una medida puede invocar una finalidad válida y, aun así, ser demasiado amplia, imprecisa o severa.

Idea clave: Evitar daños a otros y proteger a un adulto contra sí mismo son razones distintas; mezclarlas oculta el verdadero debate.

La prudencia aquí es doble. La libertad individual no exige indiferencia ante fraudes, agresiones, contaminación o riesgos impuestos a otros. Pero la palabra “daño” tampoco debería estirarse hasta incluir cualquier conducta que alguien desaprueba, teme o considera poco conveniente. Cuanto más vaga sea la razón ofrecida, mayor es el riesgo de que la excepción se vuelva regla.

Que una medida sea legal no agota la cuestión

Una restricción puede haber sido aprobada mediante un procedimiento formal y, sin embargo, seguir planteando dudas de legitimidad. La legalidad pregunta si una autoridad actuó con una base normativa reconocible; la legitimidad moral y política pregunta además si el fin, el alcance y los medios de esa restricción son defendibles.

El Estado de derecho aporta frenos indispensables. La explicación de Naciones Unidas sobre este principio incluye normas públicamente promulgadas, aplicación igualitaria, certeza jurídica, transparencia, rendición de cuentas y prevención de la arbitrariedad. No es una lista que convierta automáticamente una medida en justa, pero sí evita que el ciudadano dependa solo del criterio momentáneo de quien manda.

Para valorar una restricción concreta conviene preguntar:

• ¿La regla era pública y comprensible antes de exigir su cumplimiento?
• ¿Define con suficiente precisión la conducta y la consecuencia?
• ¿Persigue un daño identificable a terceros o se apoya principalmente en paternalismo?
• ¿Se aplica a casos semejantes de forma consistente?
• ¿Puede revisarla una autoridad independiente y exigir cuentas por su aplicación?

Estas preguntas no son una prueba de constitucionalidad ni sustituyen el análisis jurídico de cada país. Son una disciplina cívica: obligan a separar una razón posible para intervenir de una autorización para intervenir sin medida.

Reglas generales frente a órdenes hechas a la medida

Una garantía importante contra el abuso es que el poder actúe mediante reglas generales, previas y aplicables a situaciones comparables, en vez de órdenes diseñadas para favorecer, castigar o exceptuar a personas identificables. El enfoque hayekiano subraya precisamente que las reglas generales reducen la discrecionalidad y permiten a las personas anticipar mejor las consecuencias de sus actos.

La generalidad no equivale a neutralidad perfecta ni demuestra por sí sola que una norma sea buena. Una regla puede aplicarse por igual y seguir siendo desproporcionada o injusta. Su valor es más concreto: limita el margen para la arbitrariedad estatal, los privilegios y el castigo selectivo.

Imaginemos dos respuestas a un problema de seguridad. La primera establece una obligación clara, con criterios públicos y revisión para todos los establecimientos que afronten el mismo riesgo. La segunda permite a un funcionario cerrar cualquier comercio que considere “inconveniente”, sin criterios definidos ni recurso efectivo. Ambas pueden presentarse como medidas de seguridad; solo la primera empieza a ofrecer condiciones para que los afectados conozcan la regla y cuestionen su aplicación.

Idea clave: Una regla general no garantiza justicia, pero hace más difícil que el poder se use como un favor o un castigo personal.

La previsibilidad importa porque permite planificar. Si las consecuencias jurídicas dependen de mandatos improvisados, la libertad se vuelve precaria: no basta con que una conducta esté permitida hoy si mañana puede ser prohibida para un grupo concreto por decisión ad hoc.

Libertad bajo reglas conocidas y poder limitado

Hablar de límites del poder político no equivale a defender un Estado incapaz de proteger derechos o responder ante daños verificables. El punto es que una facultad pública debe estar delimitada por su propósito, por su alcance y por procedimientos que permitan impugnarla. La igualdad ante la ley, la publicidad de las normas y la revisión de las decisiones no son obstáculos accesorios: son condiciones que reducen la dependencia personal frente al gobernante.

También conviene conservar una tensión que ningún eslogan resuelve. Toda ley efectiva puede involucrar coacción, y algunas intervenciones destinadas a proteger a terceros pueden ser necesarias. Sin embargo, una sociedad libre no mide una medida solo por la utilidad que promete. Pregunta quién decide, bajo qué regla, con qué evidencia, durante cuánto tiempo y con qué posibilidad de corrección.

El criterio final no es que nunca se restrinja una conducta, sino que nadie deba aceptar restricciones opacas o selectivas como precio normal de la vida común. La legalidad es necesaria para contener el poder; la justificación de ese poder permanece abierta a examen. Mantener ambas exigencias vivas protege tanto a quien necesita amparo ante un daño como a quien necesita defender su esfera de decisión.

Fuentes de referencia

• Naciones Unidas, What is the Rule of Law?.
• John Stuart Mill, *On Liberty*, capítulo I.
• F. A. Hayek, The Constitution of Liberty (1960), como marco de referencia para la discusión de reglas generales y discrecionalidad.