Fundamentos

Qué es la arbitrariedad estatal y por qué amenaza el Estado de derecho

Por Daniel Sardá · Publicado el 24 de mayo de 2026

La arbitrariedad estatal aparece cuando el poder público actúa como voluntad personal: decide, sanciona, permite, prohíbe o persigue sin razones suficientes, sin límites claros o sin controles reales. No es solo una mala decisión del gobierno. Es una forma de ejercer autoridad que deja al ciudadano dependiendo del criterio cambiante de quien manda.

La pregunta central es simple: ¿el Estado actúa bajo reglas conocidas o actúa según conveniencia, capricho, presión política o favoritismo?

Esa diferencia sostiene buena parte del Estado de derecho. Cuando el poder está sometido a normas generales, razones públicas y revisión independiente, el ciudadano tiene una base para planificar su vida. Cuando el poder actúa arbitrariamente, la ley deja de ser protección y se vuelve incertidumbre.

En simple: hay arbitrariedad estatal cuando la autoridad pública usa su poder sin una justificación legal y racional suficiente, o sin límites que permitan cuestionar su decisión.

Qué significa arbitrariedad estatal

El Diccionario panhispánico del español jurídico de la RAE define la arbitrariedad como un proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado por voluntad o capricho y sin razonamiento suficiente. La idea común es clara: lo arbitrario no se guía por reglas razonables, sino por una voluntad que no se explica o no reconoce límites.

Llevado al Estado, el problema se vuelve más grave porque la autoridad pública no solo opina. Puede multar, clausurar, detener, expropiar, negar permisos, cobrar impuestos, inspeccionar, regular, juzgar o usar fuerza pública.

Por eso la arbitrariedad estatal no debe entenderse como cualquier error administrativo. Una oficina puede equivocarse, un tribunal puede interpretar mal una norma o una política pública puede resultar ineficaz. Esos casos pueden ser criticables, pero no siempre son arbitrarios.

La arbitrariedad aparece cuando el poder público actúa con alguno de estos rasgos:

• Falta una base legal clara.
• La decisión no ofrece razones suficientes.
• Casos semejantes reciben tratos distintos sin justificación.
• La autoridad usa una competencia para un fin distinto al previsto.
• La medida es desproporcionada frente al objetivo declarado.
• El ciudadano no tiene vías reales para impugnar la decisión.

El punto no es que toda decisión estatal deba gustar a todos. El punto es que la autoridad debe poder explicar por qué actúa, bajo qué norma actúa y ante quién puede ser controlada.

Arbitrariedad no es lo mismo que discrecionalidad

Una confusión frecuente consiste en creer que toda discrecionalidad es arbitraria. No lo es.

Las leyes no pueden prever cada situación concreta. Por eso muchas instituciones necesitan cierto margen de juicio: un funcionario que evalúa una solicitud, un juez que pondera pruebas, un regulador que aplica criterios técnicos o una autoridad que decide entre varias medidas permitidas por la ley.

Esa discrecionalidad puede ser legítima si cumple condiciones mínimas:

• Está autorizada por una norma.
• Persigue un fin público definido.
• Se apoya en hechos y criterios relevantes.
• Da razones comprensibles.
• Respeta igualdad, proporcionalidad y debido proceso.
• Puede ser revisada por una instancia independiente.

La diferencia importa. Sin discrecionalidad, la administración pública podría volverse mecánica e incapaz de responder a casos complejos. Pero sin límites, la discrecionalidad se transforma en poder personal.

Un ejemplo sencillo: una autoridad puede tener margen para decidir si un local cumple requisitos de seguridad. Eso no es arbitrario si aplica criterios públicos, revisa evidencia y permite defensa. Se vuelve arbitrario si clausura unos locales y perdona otros por amistad, presión política o animadversión, sin explicar razones.

Por qué el Estado de derecho rechaza la arbitrariedad

El Estado de derecho no significa simplemente que existan leyes. Significa que el poder también está sometido a la ley.

Naciones Unidas describe el Estado de derecho como un principio de gobernanza en el que personas, instituciones y entidades, incluido el propio Estado, están sujetas a leyes públicas, aplicadas por igual e independientemente adjudicadas. Esa idea incluye legalidad, igualdad ante la ley, separación de poderes, seguridad jurídica, transparencia procesal y evitación de la arbitrariedad.

El World Justice Project lo resume en cuatro principios: rendición de cuentas, leyes justas, gobierno abierto y justicia accesible e imparcial. La Comisión de Venecia, en su lista de verificación del Estado de derecho, destaca elementos como legalidad, seguridad jurídica, prevención del abuso de poder, igualdad ante la ley y acceso a la justicia.

Todas esas fórmulas apuntan a una misma intuición institucional: el ciudadano no debe estar sometido a la voluntad desnuda del poder.

Un poder no arbitrario necesita reglas antes de actuar, razones al decidir y controles después de decidir. Sin esas tres piezas, la autoridad puede convertir la ley en un instrumento selectivo.

Cómo se reconoce en la vida pública

La arbitrariedad estatal puede aparecer en distintas áreas. No siempre se presenta como abuso espectacular. A veces opera en trámites, permisos, inspecciones, sanciones o silencios administrativos.

Algunas señales prácticas son:

• Permisos imprevisibles. Un ciudadano cumple requisitos, pero la autoridad aprueba o rechaza según cercanía política, presión informal o pago extraoficial.
• Sanciones selectivas. La misma conducta se castiga en unos casos y se ignora en otros, sin criterio público.
• Cambios de regla sin transición. Una actividad permitida ayer se castiga hoy sin aviso razonable ni base clara.
• Decisiones sin motivación. La autoridad afecta derechos o propiedades sin explicar hechos, normas y razones.
• Procedimientos cerrados. La persona afectada no puede presentar pruebas, conocer el expediente o acudir a un juez independiente.
• Uso político de competencias legales. Una norma general se aplica para premiar aliados o castigar adversarios.

Estas situaciones afectan más que expedientes. Afectan la confianza básica que permite vivir bajo reglas comunes.

Cuando una persona no sabe si su permiso dependerá de requisitos públicos o de favoritismos, deja de invertir con seguridad. Cuando una organización civil no sabe si una inspección será técnica o intimidatoria, se autocensura. Cuando un propietario no sabe si su título será respetado, la propiedad privada pierde parte de su función protectora.

Por qué amenaza la libertad

Desde una perspectiva liberal clásica, la arbitrariedad estatal preocupa porque convierte la coerción estatal en dominación. El Estado puede obligar, prohibir y sancionar. Esa capacidad puede ser necesaria para proteger derechos, pero se vuelve peligrosa cuando no está sometida a reglas generales.

La libertad no depende solo de que el poder prometa actuar bien. Depende de que existan límites institucionales que funcionen incluso cuando el poder tiene incentivos para abusar.

La consecuencia práctica es esta: si las reglas cambian según la voluntad de la autoridad, nadie puede planificar con confianza.

Esto afecta varias dimensiones de la vida social:

• Libertad individual. La persona modera su conducta por miedo a decisiones imprevisibles.
• Derechos individuales. La protección de los derechos individuales se vuelve selectiva si depende de simpatías oficiales.
• Propiedad. Los bienes pierden seguridad cuando permisos, registros, expropiaciones o sanciones son discrecionales sin control.
• Mercados. La inversión y el intercambio necesitan reglas generales, no favores caso por caso.
• Sociedad civil. Asociaciones, medios, iglesias, sindicatos y organizaciones vecinales necesitan saber que la autoridad no puede castigarlas por incomodar.

Por eso la arbitrariedad no es un tema reservado a abogados. Es una cuestión cotidiana: determina si la vida común se organiza por reglas públicas o por miedo al funcionario de turno.

Qué instituciones la reducen

Ninguna institución elimina por completo el riesgo de arbitrariedad. Todo sistema político puede fallar. Pero algunas reglas reducen el margen para que la autoridad actúe como dueña del poder.

Las más importantes son:

• Legalidad. La autoridad solo puede actuar dentro de competencias definidas.
• Motivación de las decisiones. Los actos que afectan derechos deben explicar hechos, normas y razones.
• Seguridad jurídica. Las reglas deben ser públicas, relativamente estables y comprensibles.
• Igualdad ante la ley. Casos semejantes deben recibir trato semejante, salvo justificación razonable.
• Debido proceso. La persona afectada debe poder conocer cargos, presentar defensa y recurrir.
• Transparencia. Los criterios de decisión no deben quedar ocultos en una caja negra burocrática.
• Separación de poderes. Ningún órgano debe concentrar la capacidad de legislar, ejecutar y juzgar sin controles.
• Justicia independiente. Los ciudadanos necesitan una instancia capaz de revisar abusos sin obedecer al poder político.

Estas condiciones conectan la arbitrariedad estatal con el Estado limitado y el gobierno limitado. Limitar al poder no significa impedir toda acción pública. Significa obligarla a operar bajo reglas que protejan al ciudadano.

Lo que no conviene confundir

La arbitrariedad estatal suele mezclarse con conceptos cercanos. Conviene separarlos para no exagerar ni minimizar el problema.

Una decisión impopular no siempre es arbitraria

Una política puede ser costosa, discutible o impopular y aun así no ser arbitraria. Si fue aprobada por competencias legales, con razones públicas, procedimientos abiertos y posibilidad de revisión, la crítica debe dirigirse a su contenido, no necesariamente a su arbitrariedad.

Una decisión legal puede ser arbitraria en su aplicación

También ocurre lo contrario. Una autoridad puede invocar una norma válida y aplicarla de modo caprichoso, selectivo o desproporcionado. En ese caso, el problema no está solo en la existencia de una ley, sino en el uso concreto del poder.

La discrecionalidad debe tener límites

El margen de juicio puede ser necesario. Pero si ese margen no exige motivación, criterios, proporcionalidad ni control, deja de ser discreción administrativa y se acerca a poder personal.

Esta es una de las fallas del Estado más dañinas: la institución existe para aplicar reglas comunes, pero termina produciendo incertidumbre, privilegio y dependencia.

La idea de fondo

La arbitrariedad estatal es incompatible con una sociedad libre porque reemplaza reglas por voluntad. Donde manda la arbitrariedad, el ciudadano no sabe si sus derechos serán respetados, si sus contratos serán protegidos, si su propiedad estará segura o si una crítica legítima será tratada como amenaza.

El remedio no es confiar en gobernantes virtuosos. Tampoco es negar que toda autoridad necesite algún margen de decisión. El remedio institucional es más exigente: leyes públicas, competencias limitadas, decisiones motivadas, igualdad ante la ley, debido proceso, justicia independiente y controles efectivos.

Idea clave: el poder público solo es compatible con la libertad cuando puede ser conocido, limitado, explicado y revisado.

Una comunidad política puede tener muchas leyes y seguir siendo arbitraria. Lo decisivo es si esas leyes protegen al individuo frente al poder o si permiten que el poder trate al individuo como una pieza disponible.

Por eso la arbitrariedad estatal no es un detalle técnico. Es una prueba básica del Estado de derecho.