Fundamentos

Liberalismo y Estado de derecho: limitar el poder para proteger la libertad

Por Daniel Sardá · Publicado el 24 de septiembre de 2026 a las 11:28 UTC

7 min de lectura1.348 palabras

El liberalismo vincula la libertad con un poder sometido a reglas, derechos y controles. El Estado de derecho da forma institucional a ese límite.

La relación entre liberalismo y Estado de derecho parte de una idea sencilla: la libertad no está segura cuando quienes gobiernan pueden actuar según su voluntad, aunque hayan llegado al poder mediante elecciones. Para la tradición liberal, la autoridad debe justificar la coacción y ejercerla dentro de límites conocidos. El Estado de derecho traduce esa exigencia en instituciones: normas públicas, derechos exigibles, competencias delimitadas y autoridades sujetas a control.

Esto no convierte ambos conceptos en sinónimos. El liberalismo es una tradición política plural; el Estado de derecho es un principio de organización y control del poder. Se conectan porque limitar la arbitrariedad es una condición necesaria para que las personas puedan decidir, disentir y desarrollar sus proyectos de vida con un margen razonable de seguridad.

Idea clave: El liberalismo no propone sustituir el poder por la ausencia de reglas, sino someter la coacción a reglas generales, derechos y controles efectivos.

Qué entiende el liberalismo por libertad y poder limitado

Hablar de liberalismo en singular puede ocultar desacuerdos importantes. Sus distintas corrientes discuten qué significa ser libre, cuáles derechos merecen protección prioritaria y qué funciones debe cumplir el Estado. Sin embargo, comparten una preocupación central: la libertad de las personas tiene prioridad política y toda restricción necesita una justificación.

Esa premisa cambia la pregunta sobre el poder. No basta con saber quién gobierna o qué objetivos declara. También hay que preguntar qué puede hacer, mediante qué procedimientos, con qué límites y ante quién responde. Los derechos individuales —como la libertad de expresión, de conciencia, de asociación o la protección frente a detenciones arbitrarias— funcionan precisamente como fronteras que la autoridad no puede atravesar a voluntad.

El poder limitado tampoco equivale, sin más, a un Estado pequeño. El tamaño del presupuesto, la regulación económica y el alcance de los servicios públicos son controversias distintas. Un Estado con pocas funciones puede actuar arbitrariamente, mientras que uno con funciones más amplias puede estar sujeto a procedimientos, controles y derechos. Desde una perspectiva liberal clásica, el alcance del gobierno importa, pero su sujeción al derecho es una pregunta anterior: ningún poder debería ser ilimitado.

El Estado de derecho es más que tener leyes

Todas las autoridades modernas producen normas. Incluso un régimen arbitrario puede publicar decretos, crear tribunales y sancionar conductas siguiendo cierta formalidad. Por eso, la mera existencia de leyes no basta para afirmar que hay Estado de derecho.

De acuerdo con la definición de Naciones Unidas, todas las personas e instituciones, incluido el propio Estado, deben responder ante leyes públicamente promulgadas, aplicadas por igual y juzgadas con independencia. La Comisión de Venecia añade criterios que permiten evaluar esa idea: legalidad, seguridad jurídica, prevención del abuso de poder, igualdad ante la ley y acceso a la justicia.

En términos prácticos, una norma compatible con el Estado de derecho debe ser accesible y suficientemente clara para orientar la conducta. Su aplicación no puede depender del favor político ni cambiar retroactivamente para castigar a una persona. Quien resulte afectado debe poder ser escuchado y recurrir ante una autoridad imparcial. Gobernantes, legisladores y funcionarios también quedan sometidos a estas condiciones.

Distinción importante: La legalidad pregunta si una autoridad actuó conforme a una norma. El Estado de derecho pregunta además cómo se creó esa norma, si respeta derechos, si se aplica sin arbitrariedad y si puede ser impugnada.

Cómo se convierte el límite en una garantía real

Una constitución puede proclamar libertades mientras las instituciones encargadas de protegerlas carecen de independencia. El límite al poder solo se vuelve efectivo cuando existen mecanismos capaces de detener, corregir o reparar un abuso.

Entre las garantías más importantes se encuentran:

• normas públicas, generales y relativamente estables;
• competencias definidas para cada autoridad;
• separación de poderes y controles recíprocos;
• jueces independientes y acceso efectivo a la justicia;
• debido proceso antes de imponer sanciones;
• remedios que permitan revisar y reparar decisiones ilegales.

La separación de poderes no es un simple organigrama. Cambiar los nombres de varias oficinas no crea controles si todas obedecen al mismo mando. Lo decisivo es que ninguna concentre la facultad de crear reglas, aplicarlas y resolver por sí sola las controversias que provoca. También el legislador necesita límites: aprobar una medida mediante el procedimiento correcto no la vuelve automáticamente respetuosa de los derechos.

La revisión judicial cumple aquí una función delicada. Puede impedir que una mayoría o una administración excedan sus competencias, pero los jueces también deben motivar sus decisiones, respetar procedimientos y rendir cuentas dentro de su función. El Estado de derecho no reemplaza una autoridad sin límites por otra.

Democracia y Estado de derecho: aliados, no equivalentes

La democracia responde principalmente a una pregunta: ¿cómo participa la ciudadanía en la formación del poder y en las decisiones colectivas? El Estado de derecho responde a otra: ¿bajo qué reglas y límites se ejerce ese poder? Una democracia constitucional necesita ambas dimensiones.

Las elecciones otorgan legitimidad para gobernar, pero no un permiso para hacer cualquier cosa. Una mayoría no pierde su condición democrática por encontrar límites; acepta que las reglas de convivencia también protegen a quienes votaron por otra opción, pertenecen a una minoría o sostienen ideas impopulares. A la vez, los límites jurídicos necesitan instituciones legítimas y mecanismos de responsabilidad para no transformarse en un gobierno cerrado al escrutinio ciudadano.

Esta distinción evita dos errores. El primero es pensar que toda decisión mayoritaria es justa por definición. El segundo es tratar la protección de derechos como si fuera enemiga de la democracia. En realidad, la participación política, la igualdad jurídica y las libertades públicas se sostienen mutuamente, aunque entre ellas surjan tensiones que requieren deliberación y diseño institucional.

Un ejemplo: cuando una ley conserva la arbitrariedad

Supongamos que una mayoría legislativa aprueba una norma que impide a los integrantes de un grupo abrir ciertos negocios, sin demostrar un riesgo concreto ni ofrecerles una vía efectiva de recurso. La medida fue votada, promulgada y publicada. En un sentido estrecho, existe una ley y la administración puede afirmar que solo la está cumpliendo.

Pero el análisis no termina allí. Habría que examinar si la distinción es arbitraria o discriminatoria, si vulnera derechos, si las personas afectadas fueron tratadas con debido proceso y si un tribunal independiente puede revisar la decisión. Si estas garantías faltan, la forma legal sirve como vehículo del abuso en vez de limitarlo.

El mismo problema aparece cuando una agencia sanciona a alguien sin comunicarle los cargos, permitirle presentar pruebas ni ofrecerle un recurso. La objeción liberal no consiste en negar que toda norma restringe en alguna medida la conducta. Consiste en exigir que la coacción tenga una razón pública, sea previsible, respete la igualdad y pueda ser controlada.

Criterio práctico: Para saber si el poder está limitado, no mire solo el texto de la ley. Pregunte quién puede impugnar una decisión, ante quién, con qué garantías y si la autoridad cumple realmente lo resuelto.

Cómo reconocer un Estado de derecho que protege la libertad

La relación entre liberalismo y Estado de derecho se aprecia mejor al observar qué ocurre cuando una autoridad se equivoca o abusa. ¿Puede una persona conocer de antemano la regla aplicable? ¿Recibe las razones de una decisión? ¿Tiene una audiencia justa? ¿Existe un juez independiente? ¿La sentencia se cumple incluso cuando perjudica al gobierno?

Estas preguntas recuerdan que las garantías escritas son indispensables, pero no suficientes. Una constitución impecable puede convivir con intimidación, demoras inaccesibles o incumplimiento sistemático. La independencia institucional, el acceso real a la justicia y la práctica cotidiana de respetar los límites importan tanto como su formulación.

El aporte liberal a esta discusión no es afirmar que toda ley protege la libertad ni que las instituciones eliminan por completo el abuso. Es sostener que nadie debe ejercer una coacción inmune a la justificación y al control. Allí donde el gobernante, la mayoría y la administración están sometidos a las mismas reglas públicas que hacen valer, el derecho deja de ser una orden del poder y empieza a funcionar como un límite al poder político.