Tolerancia liberal y libertad: del permiso al derecho

La libertad es frágil cuando depende de la buena voluntad de quien manda. La tolerancia liberal exige distinguir la desaprobación personal de la igualdad de derechos.

Por Daniel Sardá · Publicado el

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Imaginemos una pequeña comunidad religiosa que se reúne cada semana. La autoridad local desaprueba sus creencias, pero permite los encuentros porque considera preferible evitar conflictos. Un día cambia el gobernante. Su sucesor decide que esas reuniones ya no son aceptables.

¿Había libertad antes del cambio? Los miembros de la comunidad podían practicar su religión, pero su tranquilidad dependía de una voluntad ajena. No contaban con una garantía que pudieran invocar frente a quien decidiera prohibir sus reuniones.

La relación entre tolerancia liberal y libertad aparece en esa diferencia. Convivir con quienes piensan distinto importa; también importa que puedan ejercer sus derechos cuando esa disposición falta. Desde una perspectiva liberal, la desaprobación de una creencia no basta para justificar que el poder impida profesarla.

Tolerar, permitir y reconocer un derecho

En la vida cotidiana, tolerar suele significar aceptar algo que nos disgusta o que juzgamos equivocado. Si una idea nos resulta indiferente, apenas hay un desacuerdo que afrontar. Si la aprobamos, tampoco necesitamos hacer el esfuerzo de tolerarla.

Rainer Forst distingue, en su análisis de la tolerancia para la Stanford Encyclopedia of Philosophy, una concepción basada en el permiso y otra apoyada en el respeto entre iguales. En la primera, una autoridad acepta a una minoría bajo condiciones que ella establece. En la segunda, el desacuerdo convive con el reconocimiento de una posición moral y política igual. Son concepciones que pueden coexistir, no etapas de una historia inevitable.

Esto permite separar tres planos. La tolerancia interpersonal es una disposición a convivir. El permiso discrecional es una concesión dependiente de quien manda. Un derecho reconoce a su titular una exigencia de protección que no depende de que sus ideas agraden.

No todo permiso administrativo es un favor arbitrario: puede estar sujeto a reglas y garantías. Aquí hablamos del permiso cuya continuidad depende de la preferencia de una autoridad, precisamente lo que vuelve vulnerable a la comunidad del ejemplo.

Idea clave: Reconocer la libertad de otra persona no significa aprobar sus creencias; significa que la desaprobación, por sí sola, no autoriza a someterla.

Pensemos en dos vecinos que discrepan sobre religión. Uno puede considerar falsas las convicciones del otro, discutirlas y negarse a participar en sus celebraciones. Respetar su libertad no le exige cambiar de opinión. Sí exige reconocer que el vecino tiene igual derecho a vivir conforme a sus convicciones dentro de límites justificables para todos.

Garantías para cuando falte la buena voluntad

Volvamos a la comunidad. Una promesa del nuevo gobernante de ser comprensivo aliviaría su situación, pero conservaría el problema: la reunión seguiría dependiendo de su benevolencia. El argumento liberal apunta a otra clase de protección.

Como propuesta institucional, esa protección requiere reglas generales, autoridades sujetas a ellas y procedimientos para cuestionar una prohibición. Si el poder restringe una reunión, tendría que ofrecer razones examinables, vinculadas a la conducta y a los derechos afectados. La falsedad que atribuya a una religión no debería decidir el caso.

Eso tampoco significa que pronunciar la palabra «derecho» resuelva cualquier conflicto. Dos actividades pueden interferir entre sí, y una restricción puede requerir justificación. La diferencia está en quién debe dar razones y cuáles pueden contar: el ciudadano no tendría que demostrar que merece la simpatía del gobernante para conservar su libertad.

Las garantías y una cultura tolerante cumplen funciones distintas. Nuestra posición editorial es que conviene cultivarlas juntas. Una regla escrita necesita personas e instituciones dispuestas a hacerla valer; la buena convivencia necesita protección para los momentos en que se rompe.

También existe presión fuera del Estado. En el capítulo I de Sobre la libertad, John Stuart Mill advierte sobre la tiranía social y la imposición de las opiniones dominantes. Esa advertencia permite mirar más allá de las prohibiciones oficiales, sin equiparar cualquier crítica o rechazo con una privación de libertad.

La conciencia y su expresión pública

La libertad de conciencia protege un ámbito decisivo: poder formar, mantener o cambiar convicciones. Su relación con la tolerancia se aprecia cuando alguien pretende producir adhesión mediante castigos.

En su Carta sobre la tolerancia, Locke argumenta que la fuerza no produce la convicción religiosa sincera y distingue los intereses civiles de la salvación del alma. Defiende que las diferencias religiosas no justifiquen privar de derechos civiles. Su defensa, sin embargo, contenía exclusiones expresas, entre ellas los ateos y las comunidades subordinadas a otro príncipe. Sería inexacto atribuirle una igualdad universal como la que hoy podríamos defender.

La distinción entre convicción y conducta sigue siendo útil. Creer algo, decirlo y actuar conforme a ello son dimensiones relacionadas, pero plantean problemas diferentes. Una convicción puede manifestarse en una reunión, un libro o una campaña; esas manifestaciones introducen relaciones con otras personas y exigen atender al contexto.

La libertad de expresión permite compartir creencias y someterlas a crítica. Si la comunidad pudiera conservar su fe únicamente en silencio, quedarían sin proteger actividades centrales de su vida compartida. A la vez, sus miembros no podrían exigir que los demás callaran sus objeciones.

Idea clave: La protección de una creencia ampara a quien la sostiene; no convierte esa creencia en inmune a la discusión.

¿Qué ocurre con quien quiere acabar con la tolerancia?

La objeción es seria: alguien puede aprovechar la libertad para intentar quitársela a otros. Una sociedad abierta necesita poder defender a las personas amenazadas. Pero llamar «intolerante» a un adversario no resuelve qué respuesta está justificada.

Conviene examinar qué hace, en qué contexto y cómo afecta a otros. Criticar con dureza una religión no equivale a bloquear por la fuerza el acceso a su lugar de reunión. Tampoco basta con que una opinión provoque indignación para demostrar que deba ser prohibida. Esta distinción orienta el juicio; no constituye una regla jurídica aplicable sin más en cualquier país.

Mill propone, en el capítulo I de Sobre la libertad, la prevención del daño a terceros como justificación de la coacción, frente a imponer a alguien su propio bien. Al comienzo del capítulo III muestra además que una opinión publicada y su expresión ante una multitud agitada pueden merecer valoraciones diferentes. Su planteamiento exige atender al contexto; no ofrece un código que resuelva automáticamente cada controversia.

Desde la perspectiva que defendemos aquí, la respuesta debe guardar relación con la conducta que se busca detener. Ante una doctrina que consideramos equivocada, hay espacio para la refutación y la asociación voluntaria. Ante intentos de impedir mediante la fuerza que otros ejerzan su libertad, aparece una razón distinta para intervenir y protegerlos.

Esa intervención también necesita controles. Habría que explicar el riesgo concreto, justificar el alcance de la medida y permitir que se cuestione ante una instancia imparcial. Dar al poder una autorización indefinida para perseguir «malas ideas» reproduciría la dependencia que queríamos superar.

Idea clave: Defender la tolerancia exige proteger a las personas frente a la coacción y exigir razones a quienes ejercen el poder de restringirlas.

La responsabilidad ante el desacuerdo comienza por distinguir esas situaciones. La libertad no promete ausencia de respuestas críticas, ni la responsabilidad convierte cualquier reacción contra una opinión en legítima.

La prueba del cambio de autoridad

La comunidad del inicio tendría una posición diferente si pudiera impugnar la prohibición, exigir razones y obtener protección bajo reglas iguales. Podría seguir encontrando vecinos hostiles o gobernantes que desaprobaran su fe. Su libertad, sin embargo, dejaría de descansar exclusivamente en la paciencia de esas personas.

Ese es el criterio que permite distinguir una concesión tolerante de una libertad protegida: qué puede reclamar quien pierde el favor del poder. La buena voluntad facilita la convivencia; un derecho cobra especial importancia el día en que esa buena voluntad desaparece.

Sobre el autor

Daniel Sardá es SEO Specialist, técnico superior universitario en Comercio Exterior por la Universidad Simón Bolívar y editor de Libertatis Venezuela. Escribe sobre liberalismo, economía política, instituciones, propaganda y libertad individual desde una perspectiva independiente y no partidista.

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