La convivencia libre comienza con una dificultad: otras personas sostendrán ideas que consideramos falsas, vivirán de maneras que no elegiríamos y se asociarán para defender proyectos que rechazamos. La tolerancia liberal no elimina ese desacuerdo. Establece una regla para atravesarlo sin convertir cada diferencia en una lucha por controlar al otro.
Esa regla puede resumirse así: quien desaprueba una creencia, una expresión o una forma pacífica de vida se abstiene de prohibirla por la fuerza, porque reconoce en los demás la misma libertad que reclama para sí. No se trata de una concesión graciosa de una mayoría a una minoría. Es una relación entre iguales.
En Venezuela, esta idea tiene una aplicación especialmente concreta: permite evaluar las instituciones no por la doctrina que favorecen, sino por su capacidad para proteger derechos iguales ante convicciones rivales. El criterio no exige un acuerdo nacional sobre valores últimos. Exige reglas comunes para convivir mientras persiste el desacuerdo.
Tolerar no significa aprobar
La tolerancia presupone una objeción. Si una idea nos resulta indiferente o ya estamos de acuerdo con ella, no necesitamos tolerarla. Por eso, como explica la Stanford Encyclopedia of Philosophy, el concepto combina tres elementos: una razón para objetar, razones superiores para permitir y un límite más allá del cual la tolerancia deja de ser exigible.
Esta estructura evita una confusión frecuente. Proteger la libertad de expresión de una persona no obliga a considerar acertado lo que dice. Defender su derecho a asociarse tampoco implica compartir los fines de su organización. Es posible responder con argumentos, crítica, protesta pacífica o persuasión.
La alternativa a la imposición no es el silencio. Es una discusión abierta en la que nadie pierde sus derechos civiles por sostener una posición impopular.
Idea clave: Tolerar una idea es renunciar a prohibirla por el solo hecho de juzgarla equivocada; no es renunciar a discutirla.
Esta distinción también separa la tolerancia de la indiferencia moral. Una persona puede tener convicciones firmes y, precisamente por conocer los límites de su propia autoridad, negarse a imponerlas mediante el poder público. La tolerancia permite preferencias razonadas, desacuerdos profundos y juicios severos. Lo que rechaza es el salto automático de “esto me parece malo” a “el Estado debe impedirlo”.
Una protección para la conciencia y la vida en común
La tradición liberal vinculó la tolerancia con un límite del poder civil. En su Carta sobre la tolerancia, John Locke sostuvo que la fuerza exterior puede obtener obediencia aparente, pero no producir una convicción interior. Su argumento nació en un contexto histórico con exclusiones que hoy no deben reproducirse; aun así, conserva una intuición importante: la autoridad civil no puede fabricar creencias auténticas mediante amenazas.
Esa limitación protege la libertad de pensamiento, la expresión y la asociación. Las tres se refuerzan entre sí. La conciencia pierde sentido público si una persona no puede expresar lo que cree; la expresión queda empobrecida si no puede reunirse con otros; la asociación deja de ser libre si depende de adoptar la doctrina preferida por quien gobierna.
Imaginemos dos asociaciones pacíficas con convicciones opuestas. Una regla liberal no pregunta cuál agrada más a la autoridad antes de reconocerle personalidad jurídica, permitir sus reuniones o proteger a sus integrantes. Aplica condiciones generales a ambas. Sus miembros conservan, a su vez, la libertad de criticarse mutuamente.
Esta reciprocidad importa porque las mayorías cambian y el poder circula. Una garantía diseñada solo para los aliados del presente no es tolerancia, sino privilegio. Las libertades civiles son más seguras cuando ninguna facción puede reclamar excepciones que no aceptaría para sus adversarios.
¿Dónde están los límites?
La tolerancia no obliga a permitir cualquier conducta. John Stuart Mill propuso en Sobre la libertad que la coacción requiere una justificación relacionada con el perjuicio a otros, no solo con la creencia de que una persona actúa de forma imprudente o equivocada. El principio orienta, pero no resuelve por sí solo todos los casos: determinar qué constituye un daño relevante todavía exige razonamiento, evidencia y reglas jurídicas precisas.
Conviene distinguir tres situaciones:
- Desacuerdo u ofensa: una opinión puede irritar, incomodar o desafiar valores arraigados sin lesionar por ello un derecho.
- Crítica: refutar una doctrina, cuestionar una organización o condenar una conducta forma parte del mismo espacio de libertad que hace posible defenderlas.
- Lesión de derechos: la violencia, la amenaza, el fraude o la coacción ya no son meras expresiones de diferencia; afectan la libertad o la integridad de otras personas.
La línea no siempre será sencilla. Sin embargo, la carga de justificar una prohibición debe recaer en quien pretende usar la fuerza, y esa justificación debe poder formularse en términos generales: derechos ajenos, evidencia del perjuicio, necesidad y proporcionalidad. La mera impopularidad no basta.
Criterio práctico: Antes de restringir una conducta, hay que preguntar qué derecho ajeno lesiona y si la regla se aplicaría de igual manera a aliados y adversarios.
Este enfoque tampoco convierte toda expresión en absoluta. Los ordenamientos jurídicos pueden establecer responsabilidades y restricciones delimitadas. El punto liberal es que estas no deben descansar en el disgusto de la autoridad ni en la identidad del hablante, sino en normas públicas compatibles con iguales libertades. La relación entre tolerancia y responsabilidad permite profundizar en ese problema sin confundir libertad con impunidad.
Tolerancia liberal y Venezuela: una regla institucional
Aplicar este marco a Venezuela no exige afirmar que el texto constitucional describe fielmente la práctica política. Constitución y realidad son planos distintos. Sí permite identificar compromisos normativos con los cuales evaluar leyes, decisiones y procedimientos.
La Constitución venezolana incluye entre sus principios el pluralismo político y reconoce la igualdad ante la ley, el libre desenvolvimiento de la personalidad, la libertad de expresión, la libertad religiosa y de culto y la libertad de conciencia. Estas disposiciones aparecen, entre otros, en los artículos 2, 20, 21 y 57 al 61. Leídas como un conjunto, ofrecen una base jurídica para algo más exigente que la coexistencia pasiva: un orden en el que el desacuerdo no reduzca la condición civil de nadie.
¿Qué demandaría ese principio en términos institucionales?
Primero, que el acceso a derechos y protecciones no dependa de profesar una doctrina política, religiosa o moral determinada. Segundo, que las restricciones se apoyen en reglas generales y razones públicas, no en la identidad del grupo afectado. Tercero, que la crítica severa a una idea o institución no se trate por sí misma como una lesión de derechos. Y cuarto, que ningún sector pueda usar temporalmente el Estado para cerrar a sus rivales los espacios que reclama para sí.
La igualdad jurídica ocupa aquí el centro. Puede existir mucha retórica sobre la tolerancia y, al mismo tiempo, reglas que favorezcan selectivamente a ciertos actores. Por el contrario, una institución tolerante no necesita aprobar todos los proyectos: necesita tratarlos con criterios iguales mientras actúen dentro de los límites legítimos.
Aplicación venezolana: El pluralismo deja de ser una consigna cuando dos grupos pacíficos y contrarios reciben la misma protección jurídica y soportan las mismas restricciones generales.
Esta perspectiva no sustituye el análisis de casos concretos ni demuestra por sí sola el grado de cumplimiento de las normas. Ofrece un estándar para formular las preguntas correctas. ¿La restricción responde a una lesión identificable de derechos? ¿La decisión admite crítica y revisión? ¿La misma regla se usaría contra quienes hoy ejercen el poder? ¿La persona conserva sus derechos civiles aunque su opinión resulte ofensiva o minoritaria?
En contextos de crisis institucional, esas preguntas adquieren más peso, no menos. Cuando crece la tentación de clasificar cada desacuerdo como amenaza, las garantías recíprocas evitan que la política convierta al adversario pacífico en un sujeto con menos derechos.
Convivir sin dejar de disentir
La tolerancia liberal no promete armonía ni pide abandonar las convicciones. Promete algo más sobrio: que las diferencias pacíficas no serán resueltas mediante privilegios, censura arbitraria o coacción. Deja abierto el espacio para persuadir, objetar, organizarse y cambiar de opinión.
Para Venezuela, su valor reside precisamente en esa modestia. No ofrece una doctrina oficial capaz de reconciliar todas las visiones del país. Propone que ninguna visión pueda convertirse, por su sola fuerza política, en la medida de los derechos de todos.
Una sociedad tolerante no es la que carece de conflictos, sino la que los mantiene dentro de reglas comunes. Allí la crítica continúa, las convicciones compiten y el desacuerdo puede ser intenso. Lo decisivo es que cada persona siga siendo libre e igual ante la ley cuando llega el momento de disentir.
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