Fundamentos

Tolerancia liberal y crisis institucional: convivir con el desacuerdo sin destruir las reglas

Por Daniel Sardá · Publicado el 26 de julio de 2026 a las 13:59 UTC

9 min de lectura1.836 palabras

La democracia no exige acuerdo permanente, sino derechos iguales y reglas capaces de sobrevivir al conflicto. La tolerancia liberal ayuda a explicar qué se rompe cuando el adversario pasa a ser tratado como enemigo.

Una democracia puede soportar discusiones ásperas, protestas multitudinarias y elecciones muy reñidas. Lo que soporta peor es que cada bando considere ilegítima la mera existencia del otro. Cuando perder deja de significar «volver a competir» y empieza a significar «quedar a merced de un enemigo», las reglas comunes pierden valor. Cada elección parece la última y cada límite al poder propio, una concesión imperdonable.

La tolerancia liberal importa precisamente en ese punto. No elimina el conflicto ni pide moderar todas las convicciones. Permite que personas que discrepan profundamente se reconozcan como titulares de los mismos derechos y acepten procedimientos que ninguna controla por completo.

Su debilitamiento no causa por sí solo una crisis institucional. Influyen también el diseño constitucional, los incentivos electorales, el desempeño de los gobiernos y la fortaleza de los contrapesos. Pero la intolerancia política puede activar un mecanismo peligroso: deslegitima al rival, reduce la autocontención y vuelve aceptable usar el poder hasta su límite —o más allá— para impedir que el otro gobierne.

Idea clave: La prueba de unas reglas compartidas no es que favorezcan hoy a quienes consideramos correctos, sino que protejan también a quienes pueden derrotarlos mañana.

Tolerar no es aprobar

En el lenguaje cotidiano, «tolerar» puede sonar a indiferencia, condescendencia o resignación. En la tradición liberal, la tolerancia liberal tiene una estructura más precisa: alguien desaprueba una creencia o conducta, pero encuentra razones superiores para no recurrir a la coacción contra quien la sostiene.

La Stanford Encyclopedia of Philosophy explica esa combinación de objeción y aceptación. Si no existe objeción alguna, hablamos más bien de aprobación o indiferencia. Si la objeción autoriza automáticamente la fuerza, no hay tolerancia. El concepto habita en la distancia entre criticar una idea y negar a su defensor pacífico la igual libertad para sostenerla.

Eso permite despejar tres confusiones:

• Tolerar no es aprobar. Una persona puede combatir una doctrina con argumentos y, al mismo tiempo, defender el derecho de otros a expresarla.
• Tolerar no es afirmar que todo vale. El pluralismo reconoce desacuerdos persistentes sin concluir que todas las ideas son verdaderas, razonables o moralmente equivalentes.
• Tolerar no es permanecer pasivo ante el daño. La libertad de una persona no incluye licencia para agredir, coaccionar o privar a otra de sus derechos.

La tolerancia liberal protege ante todo a las personas y su esfera de libertad. Las ideas, en cambio, siguen expuestas a crítica, refutación, sátira y rechazo público. Esa distinción evita convertir la convivencia en silencio obligatorio.

Por qué el desacuerdo necesita instituciones

Las sociedades abiertas reúnen convicciones religiosas, morales y políticas incompatibles. Parte de ese desacuerdo no surge necesariamente de ignorancia o mala fe. La evidencia puede ser compleja; los valores pueden pesar de manera distinta; las experiencias personales pueden conducir a juicios opuestos. En la teoría política de John Rawls, el pluralismo razonable describe esa persistencia previsible de concepciones rivales entre personas capaces de actuar de buena fe.

Si nadie puede esperar un consenso completo, la convivencia requiere algo distinto: reglas que no dependan de que una facción imponga su visión total a las demás. El liberalismo político responde limitando el poder, garantizando libertades de conciencia y expresión, y sometiendo a gobernantes y gobernados a un marco jurídico común.

Las elecciones son una parte de ese arreglo, no el arreglo entero. Para que la competencia sea significativa, la oposición debe poder organizarse, expresarse y aspirar a gobernar; las mayorías deben encontrar límites; los jueces deben poder decidir con independencia; y los ciudadanos han de contar con vías para reclamar frente al abuso. De ahí la relación entre tolerancia y reglas generales e imparciales: los derechos no pueden cambiar según la identidad política del afectado.

La tolerancia se vuelve así una práctica institucional, no solo una virtud privada. Aceptar una derrota electoral, permitir una protesta pacífica que incomoda al gobierno o preservar las garantías procesales de un adversario son formas de reconocer que el poder tiene límites incluso cuando se ejerce para fines que consideramos buenos.

Del rival legítimo al enemigo existencial

Una institución puede deteriorarse sin que su texto cambie de inmediato. El proceso suele comenzar en las expectativas y en la manera de interpretar las facultades existentes.

Imaginemos dos partidos enfrentados. Mientras cada uno considera al otro un rival legítimo, perder es costoso, pero temporal: el derrotado conserva derechos, representación y una oportunidad real de volver a competir. Esa expectativa hace racional respetar las reglas durante la derrota.

El cálculo cambia cuando un partido describe al otro no como equivocado, sino como una amenaza cuya llegada al gobierno sería intolerable por definición. Si el rival es un enemigo existencial, casi cualquier instrumento para excluirlo parece justificable. La excepción se presenta como defensa; el abuso, como prevención.

Entonces puede debilitarse la autocontención institucional: la disposición a no explotar hasta el máximo toda facultad formal cuando ese uso contradice el propósito de la norma o amenaza la competencia futura. Un marco influyente, asociado al trabajo de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt y posteriormente examinado con mayor precisión en la literatura académica, relaciona la tolerancia mutua y la autocontención con la estabilidad democrática.

No se trata de afirmar que toda práctica informal sea virtuosa ni que las autoridades deban renunciar a sus competencias. La cuestión es más concreta: algo puede caber en la letra de una atribución y, por su uso repetido y partidista, vaciar la finalidad de las reglas. Por ejemplo, una mayoría podría emplear procedimientos excepcionales de forma rutinaria, modificar controles para evitar supervisión o diseñar requisitos que solo dificulten la participación de sus adversarios.

Advertencia: La legalidad formal de una medida no resuelve por sí sola su legitimidad institucional. También importan su finalidad, su aplicación imparcial y sus efectos sobre derechos, controles y competencia.

La secuencia no es inevitable ni monocausal. La retórica hostil no derriba automáticamente un orden constitucional, y un conflicto intenso puede resolverse dentro de cauces estables. El riesgo aumenta cuando la deslegitimación coincide con poder concentrado, contrapesos débiles y oportunidades para convertir ventajas temporales en exclusión permanente.

Cuándo el conflicto se convierte en crisis institucional

Una crisis institucional no es sinónimo de polarización, mal gobierno o impopularidad. Tampoco basta una disputa entre poderes para declararla. En una democracia viva, el Congreso puede bloquear al Ejecutivo, los tribunales pueden anular decisiones y la ciudadanía puede protestar con dureza. Esas fricciones a menudo muestran que los controles funcionan.

El umbral institucional se cruza cuando se deterioran de forma significativa las reglas y salvaguardas que limitan el poder, protegen derechos y mantienen abierta la competencia. La Comisión de Venecia ofrece criterios útiles para evaluar el Estado de derecho, entre ellos legalidad, seguridad jurídica, prevención del abuso de poder, igualdad ante la ley y acceso a una justicia independiente. No forman una escala automática de crisis, pero ayudan a sustituir el alarmismo por preguntas observables:

• ¿Las normas se aplican con criterios generales o se diseñan contra adversarios concretos?
• ¿Los controles pueden investigar y corregir al poder sin sufrir represalias?
• ¿La oposición conserva libertades, representación y posibilidades reales de alternancia?
• ¿Los ciudadanos pueden expresarse, asociarse y protestar pacíficamente?
• ¿Las decisiones públicas están sujetas a revisión independiente y a procedimientos previsibles?

El deterioro puede ser gradual. International IDEA advierte que las propias reglas pueden instrumentalizarse con fines partidistas mientras se conserva una apariencia de legalidad. Por eso conviene observar no solo golpes abruptos, sino acumulaciones: controles debilitados, excepciones normalizadas, derechos aplicados selectivamente y competencia cada vez menos auténtica.

Esta distinción también impide confundir desacuerdo con deslealtad. Una oposición que denuncia al gobierno, organiza manifestaciones o intenta reemplazar sus políticas está cumpliendo una función democrática mientras respete los derechos y las reglas. Del mismo modo, una mayoría electoral tiene autoridad para gobernar, pero no recibe un mandato ilimitado para cerrar el futuro político. Ese es el sentido de los límites del gobierno de la mayoría.

La tolerancia tiene límites, pero no límites arbitrarios

La objeción más seria a la tolerancia sostiene que puede convertirse en una exigencia para que las víctimas soporten abusos o para que una sociedad permita a ciertos actores destruir las libertades que los protegen. La objeción acierta si «tolerancia» significa pasividad sin condiciones. Pero esa no es la respuesta liberal.

Los derechos iguales delimitan lo tolerable. La violencia, la coacción, las amenazas y las conductas que vulneran derechos pueden justificar prevención, sanción o reparación conforme a derecho. También existen categorías jurídicas específicas —como ciertas formas de incitación— que permiten restricciones bajo umbrales definidos.

Eso no autoriza a llamar «violencia» a cualquier discurso ofensivo ni a prohibir ideas por su impopularidad. Los artículos 19 a 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos vinculan las restricciones a libertades de expresión, reunión y asociación con condiciones como previsión legal y necesidad. Una respuesta legítima debe fundarse en conductas verificables, perseguir un fin admisible y evitar una discrecionalidad que el gobierno pueda volver contra cualquier disidente.

La misma cautela vale al juzgar actores políticos. Hay conductas que justifican negar la confianza, exigir responsabilidades o aplicar sanciones. Pero «ilegítimo» no debería significar simplemente «radical», «ofensivo» o «contrario a nuestro programa». La exclusión necesita criterios públicos relacionados con actos contra derechos y reglas, no con la identidad partidista de quien los comete.

Tampoco la autocontención exige ingenuidad frente a quien explota el sistema sin reciprocidad. Si un actor abusa de las normas, la respuesta no puede ser conceder poder ilimitado a su adversario. Debe fortalecer controles, cerrar vacíos con reglas generales y asegurar que cualquier sanción sea revisable e imparcial.

Criterio práctico: La tolerancia termina ante la vulneración de derechos, pero el poder para fijar ese límite también debe estar limitado por la ley, la evidencia y el debido proceso.

Reconstruir reglas que puedan compartir los adversarios

La tolerancia liberal no promete armonía. Ofrece algo más modesto y más valioso: una forma de mantener el desacuerdo dentro de un orden en el que nadie necesita dominar por completo para vivir con libertad.

Ese orden descansa en cuatro criterios conectados. Derechos iguales, para que la oposición de hoy no dependa de la benevolencia del gobierno. Estado de derecho, para que las restricciones tengan base pública y aplicación imparcial. Límites al poder, para impedir que una victoria temporal clausure la alternancia. Y adversarios legítimos, capaces de criticarse con severidad sin negarse mutuamente un lugar en la competencia.

Cuando esos criterios sobreviven, incluso un conflicto muy intenso puede seguir siendo democrático. Cuando se abandonan, la calma aparente tampoco garantiza salud institucional: puede ser solo el silencio producido por la exclusión.

La pregunta decisiva, entonces, no es cuánto se quieren los contendientes ni cuánto moderan sus ideas. Es si aceptan que los derechos de sus adversarios no son premios revocables y que las reglas comunes deben seguir en pie cuando el poder cambie de manos.