Fundamentos

Liberalismo y consentimiento: por qué la autoridad política necesita límites

Por Daniel Sardá · Publicado el 24 de septiembre de 2026 a las 11:28 UTC

7 min de lectura1.335 palabras

El consentimiento busca reconciliar la libertad individual con la autoridad política, pero no convierte al gobierno ni a la mayoría en poderes ilimitados.

¿Cuándo puede una autoridad política obligar legítimamente a personas que, en principio, son libres? La pregunta está en el centro de la relación entre liberalismo y consentimiento. Si nadie nace sometido por naturaleza a la voluntad política de otro, el poder necesita una justificación. No basta con que exista, sea eficaz o cuente con más fuerza.

Una respuesta influyente dentro de la tradición liberal sostiene que la autoridad legítima debe descansar, de algún modo, en el consentimiento político de quienes viven bajo ella. John Locke formuló una de las versiones más conocidas de esta idea. Pero el liberalismo no es una doctrina uniforme, y apelar al consentimiento no resuelve por sí solo todas las preguntas sobre legitimidad y obediencia.

Idea clave: El consentimiento intenta explicar por qué personas libres pueden quedar sujetas a una autoridad común; no concede a esa autoridad un permiso ilimitado.

El problema que el consentimiento intenta resolver

En el [Segundo tratado sobre el gobierno civil](https://www.gutenberg.org/cache/epub/7370/pg7370-images.html), Locke parte de personas naturalmente libres e iguales. Para formar una comunidad política, deben acordar unirse y aceptar una forma común de decidir. El consentimiento funciona así como el puente entre libertad y autoridad: busca mostrar cómo puede surgir un poder político sin suponer que unos seres humanos nacen dueños de otros.

Esta explicación cambia la carga de la prueba. El individuo no tiene que demostrar por qué merece ser libre; es el poder el que debe justificar por qué puede imponer reglas y sanciones. La fuerza puede producir obediencia, pero la capacidad de mandar no equivale a un derecho a mandar.

El punto tampoco consiste en imaginar que cada ley será aceptada individualmente por todos. Una sociedad política necesita actuar incluso cuando hay desacuerdo. Por eso la teoría debe explicar tanto el momento en que se forma la comunidad como las reglas mediante las cuales esa comunidad toma decisiones.

Formar una sociedad no es elegir cada gobierno

Locke distingue dos cuestiones que suelen confundirse. La primera es el acuerdo por el cual varias personas constituyen un cuerpo político. La segunda es la decisión sobre quién gobernará y bajo qué forma institucional. El estudio de Óscar Godoy Arcaya sobre libertad y consentimiento en Locke subraya la importancia de separar esos planos.

Al integrarse en una comunidad, sus miembros aceptan que esta pueda actuar como una unidad. La regla de la mayoría aparece como una solución práctica: si la unanimidad fuera necesaria para cada decisión, la acción colectiva podría quedar paralizada. Sin embargo, aceptar un procedimiento no significa apoyar a cada gobernante, aprobar cada ley ni renunciar a juzgar el ejercicio del poder.

Esta distinción evita dos errores. Pertenecer a una sociedad no es lo mismo que respaldar al gobierno de turno. Y perder una votación no convierte automáticamente en legítimo todo lo que la mayoría decida.

Consentimiento expreso, tácito e hipotético

La palabra “consentimiento” puede ocultar situaciones muy diferentes. Conviene distinguir al menos tres sentidos:

• Expreso: una persona manifiesta de forma directa que acepta incorporarse a una comunidad política.
• Tácito: la aceptación se infiere de una conducta, como residir dentro de una jurisdicción o usar ciertos servicios e infraestructuras.
• Hipotético: se pregunta qué reglas aceptarían personas razonables en condiciones ideales, aunque nunca hayan dado su aprobación efectiva.

Para Locke, el consentimiento expreso vincula de una manera que no debe confundirse con el tácito. Este último puede generar un deber de obediencia mientras se disfrutan bienes bajo una jurisdicción, pero su alcance es discutido. La entrada de la Stanford Encyclopedia of Philosophy sobre la filosofía política de Locke recoge precisamente las dificultades interpretativas de esta tesis.

Pensemos en alguien que reside en un país porque allí están su familia, su trabajo y su comunidad. Decir que ha elegido libremente todas las reglas vigentes solo porque no se marcha ignora los costos reales de salir. Lo mismo ocurre con votar o circular por una vía pública: esas conductas pueden mostrar participación o uso, pero no prueban una autorización plena de cada acción estatal.

El consentimiento hipotético plantea otro problema. Puede ayudar a evaluar si una institución sería razonable o justa, pero no equivale a una voluntad realmente expresada. Decir “usted habría aceptado esto en condiciones ideales” es un argumento de justificación, no la descripción de un acto de consentimiento.

Distinción útil: Inferir aceptación de la residencia, el voto o el uso de servicios públicos exige más cautela que registrar un consentimiento expreso.

La mayoría decide, pero no lo puede todo

La regla de la mayoría permite que el cuerpo político tome decisiones comunes. No es, sin embargo, la fuente de un poder arbitrario. En la teoría lockeana, el legislativo está limitado por los fines para los que fue constituido y por derechos que el gobierno no crea a voluntad.

Vida, libertad y bienes —la “propiedad” en el sentido amplio que emplea Locke— no son simples concesiones revocables del Estado. La autoridad existe para protegerlos mediante normas públicas y generales. No puede invocar el consentimiento inicial de la sociedad para destruir aquello que justificaba su creación.

Esto permite entender la diferencia entre democracia y poder ilimitado. Una elección limpia responde a la pregunta de quién ha obtenido autorización para gobernar conforme a ciertas reglas. No responde por sí sola qué puede hacer quien gana. Los procedimientos mayoritarios importan, pero también importan los derechos, la separación entre gobernantes y gobernados y los límites al poder.

Proteger al disidente no niega la regla de la mayoría. La hace compatible con la premisa liberal de que cada persona conserva una esfera de libertad que no desaparece al quedar en minoría.

Legitimidad no significa obediencia incondicional

Una institución puede tener mejores credenciales de legitimidad que otra y aun así dictar una norma injusta. Del mismo modo, afirmar que el consentimiento contribuye a legitimar un orden político no demuestra que cada individuo tenga el deber de obedecer cualquier mandato. Legitimidad institucional, obligación política y obediencia a una decisión concreta son preguntas relacionadas, pero distintas.

En Locke, el poder político conserva una estructura de confianza. Cuando el gobierno intenta imponer un dominio arbitrario o ataca de manera grave y sostenida la vida, la libertad y los bienes que debía proteger, rompe esa confianza. El poder puede entonces retornar al pueblo. José María Martínez de Pisón examina esta conexión entre consentimiento, derechos y resistencia.

La resistencia, en este marco, no es una licencia para desobedecer ante cualquier desacuerdo ni una invitación a tratar toda política impopular como tiranía. Es una respuesta última a una ruptura grave de los fines y límites de la autoridad. Esa exigencia importa porque, sin ella, la teoría podría justificar inestabilidad permanente; pero sin posibilidad de resistencia, el consentimiento inicial podría convertirse en una autorización irrevocable.

Advertencia: Haber consentido un orden político no obliga a aceptar su transformación en poder arbitrario; tampoco vuelve ilegítimo al gobierno ante cualquier conflicto ordinario.

Una base importante, pero no suficiente

La principal objeción a las teorías del consentimiento es sencilla: muy pocas personas han expresado de forma inequívoca su aceptación de la autoridad política. Si el consentimiento real es raro y el tácito se infiere de elecciones condicionadas, resulta difícil fundar en él una obligación universal. Por eso otras teorías recurren también a la justicia de las instituciones, los deberes naturales o la reciprocidad entre quienes sostienen un sistema común.

Esta crítica no vuelve inútil al consentimiento. Conserva una función decisiva: recuerda que el poder debe justificarse ante quienes están sujetos a él. Obliga a preguntar si la ciudadanía dispone de alternativas, si puede retirar apoyo, si las reglas protegen a las minorías y si los gobernantes responden por el uso de la autoridad.

La relación entre liberalismo y consentimiento culmina, entonces, en una exigencia y no en un cheque en blanco. La autoridad no se legitima solo porque mande, ni la mayoría porque venza. Un gobierno basado en personas libres debe explicar de dónde proviene su poder, para qué existe y qué fronteras no puede cruzar.