Fundamentos

Liberalismo jurídico: cómo el derecho limita el poder

Por Daniel Sardá · Publicado el 09 de octubre de 2026 a las 05:05 UTC

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El liberalismo jurídico lleva la defensa de la libertad al terreno de las normas y las instituciones: exige derechos, límites y controles frente al poder arbitrario.

El liberalismo jurídico puede entenderse como una familia de ideas que lleva la preocupación liberal por la libertad individual al diseño del derecho y del Estado. Su pregunta central no es si debe existir poder público, sino cómo impedir que ese poder dependa de la voluntad cambiante de quien lo ejerce.

La respuesta combina normas generales, derechos exigibles y controles institucionales. Una autoridad limitada no puede decidir de cualquier manera, ni siquiera cuando afirma perseguir un buen fin: debe actuar dentro de competencias conocidas, justificar sus decisiones y aceptar que estas sean revisadas.

El término no designa una escuela única. Dentro del liberalismo existen desacuerdos importantes sobre la propiedad, la regulación, la justicia distributiva y el alcance del Estado. Aun así, hay un hilo reconocible: la coerción necesita justificación y el poder debe quedar sometido a reglas.

Idea clave: El liberalismo jurídico no propone ausencia de autoridad, sino autoridad sometida al derecho.

El problema de fondo: la arbitrariedad

Un poder es arbitrario cuando puede imponer cargas, sanciones o privilegios sin criterios previos y sin controles efectivos. El problema no consiste solo en que una decisión sea severa. Consiste en que las personas quedan a merced de una voluntad que puede cambiar según el caso, el gobernante o el grupo afectado.

Imaginemos que una autoridad sanciona a una persona mediante una regla creada después de su conducta y diseñada exclusivamente para castigarla. Aunque la decisión adopte una apariencia legal, faltan condiciones básicas: una norma previa, la posibilidad de ser oído y una instancia independiente que revise la sanción.

El contraste ayuda a entender la tradición. En los parágrafos 135 a 137 del Segundo tratado sobre el gobierno civil, John Locke sostiene que el poder legislativo no es ilimitado y que debe gobernar mediante leyes establecidas y promulgadas, no mediante decretos improvisados. La libertad, desde esta perspectiva, no equivale a vivir sin leyes, sino a no quedar sujeto al capricho de otro.

De las reglas generales a los derechos

Las reglas públicas, relativamente estables y aplicables hacia el futuro permiten anticipar las consecuencias jurídicas de una acción. Esa previsibilidad reduce la discrecionalidad oficial y hace posible organizar la propia vida. Es una dimensión central del Estado de derecho.

Pero la forma de la ley no basta. Una norma puede ser clara, estable y general y, aun así, negar libertades básicas o establecer una discriminación injustificable. Por eso conviene distinguir dos niveles:

• La legalidad formal exige que el poder actúe mediante normas conocidas, coherentes y aplicadas por procedimientos regulares.
• La protección sustantiva pregunta si esas normas respetan derechos, igualdad jurídica y ámbitos de decisión individual.

Buena parte del liberalismo jurídico combina ambos. Los derechos individuales no son simples declaraciones morales: para limitar efectivamente a la autoridad deben poder invocarse ante instituciones capaces de hacerlos valer. La igualdad jurídica, a su vez, rechaza que el poder conceda privilegios o imponga cargas distintas sin una razón compatible con normas comunes.

La propiedad también ocupa un lugar relevante porque delimita una esfera de control frente a terceros y frente al Estado. Sin embargo, reconocerla no resuelve de una vez toda discusión sobre impuestos, regulación o bienes públicos. Las distintas corrientes liberales ofrecen respuestas diferentes.

Distinción útil: Que una decisión sea legal no demuestra por sí solo que sea justa; pero sin legalidad, la defensa de los derechos queda expuesta a la improvisación del poder.

Las garantías que vuelven reales los límites

Los principios necesitan mecanismos. Una constitución puede definir competencias y reconocer derechos, pero su eficacia depende de instituciones que impidan que una misma autoridad escriba la regla, la ejecute y juzgue sin contrapesos.

Montesquieu formuló esta preocupación en el libro XI, capítulo 6 de Del espíritu de las leyes: concentrar las funciones legislativa, ejecutiva y judicial amenaza la libertad. La enseñanza no obliga a aislar por completo a los poderes. Los sistemas constitucionales modernos suelen combinar diferenciación de funciones con controles recíprocos.

Entre las garantías más importantes se encuentran:

• una constitución que distribuya competencias y establezca límites;
• poderes diferenciados que puedan controlarse entre sí;
• jueces independientes e imparciales;
• acceso efectivo a tribunales;
• debido proceso, defensa y decisiones motivadas;
• mecanismos para impugnar abusos de autoridad.

La Comisión de Venecia reúne legalidad, seguridad jurídica, prevención del abuso, igualdad ante la ley y acceso a la justicia entre los elementos centrales del Estado de derecho. Estas garantías convierten la idea de poder limitado en una práctica institucional: permiten exigir razones y corregir decisiones.

Idea clave: Un límite que nadie puede hacer valer es más una promesa que una garantía.

Qué no significa liberalismo jurídico

No es sinónimo de liberalismo económico. Ambos pueden relacionarse, especialmente en torno a la propiedad y la libertad contractual, pero plantean preguntas distintas. El liberalismo jurídico se concentra en las condiciones bajo las cuales se ejerce legítimamente la coerción; no determina por sí solo una política económica completa.

Tampoco equivale a un Estado inexistente. Proteger derechos, resolver conflictos y asegurar el debido proceso exige instituciones. “Limitado” significa sujeto a competencias, procedimientos y controles, no incapaz de actuar.

No debe confundirse con el positivismo jurídico. Este último es, en términos generales, una teoría sobre cómo identificar la existencia y validez del derecho a partir de fuentes sociales. No afirma automáticamente que toda norma sea moralmente correcta ni prescribe un régimen liberal o autoritario.

Por último, liberalismo y libertarismo tienen zonas de parentesco, pero no son idénticos. El libertarismo suele defender límites especialmente estrictos a la intervención estatal y concepciones fuertes de libertad y propiedad. La tradición liberal es más amplia y alberga posiciones diversas sobre regulación y justicia social.

Un ideal exigente, no una solución automática

El liberalismo jurídico ofrece criterios para reconocer y reducir la arbitrariedad, pero no elimina los conflictos políticos. Los tribunales pueden equivocarse, las constituciones pueden interpretarse de maneras opuestas y los controles pueden convertirse en centros de poder. Incluso una legalidad impecablemente formal puede servir a reglas opresivas.

Estas objeciones no vuelven inútiles las garantías; recuerdan que deben evaluarse por su funcionamiento y por su relación con los derechos. Ningún diseño institucional sustituye la vigilancia pública, la argumentación jurídica o la revisión de sus propios resultados.

Así entendido, el liberalismo jurídico une una exigencia moral con una arquitectura práctica: quien ejerce coerción debe hacerlo mediante reglas públicas, dentro de facultades limitadas y bajo revisión independiente. Su prueba decisiva no es cuántas leyes produce un Estado, sino si una persona puede conocerlas, defender sus derechos y obtener una respuesta cuando el poder se excede.