Fundamentos

Seguridad jurídica liberal: qué es y por qué protege la libertad

Por Daniel Sardá · Publicado el 19 de septiembre de 2026 a las 04:56 UTC

7 min de lectura1.389 palabras

La seguridad jurídica no impide cambiar las leyes: exige que el cambio sea público, comprensible y sometido a límites que eviten la arbitrariedad.

Una persona que firma un contrato, abre un negocio o defiende un derecho no necesita saber de antemano cada decisión de un tribunal. Sí necesita poder averiguar qué reglas rigen, qué consecuencias razonables tienen sus actos y a qué instancia acudir si una autoridad se excede. Esa posibilidad práctica es el núcleo de la seguridad jurídica.

En una perspectiva liberal, su valor no reside en volver inmutable el orden jurídico. Reside en reducir la dependencia de las personas respecto de decisiones imprevisibles. Cuando las reglas son públicas, generales y controlables, el poder tiene menos espacio para convertir una autorización, una multa o una excepción en un favor personal o un castigo selectivo.

Idea clave: seguridad jurídica no significa certeza absoluta sobre cualquier litigio; significa poder orientarse con reglas conocidas y contar con límites frente a la decisión arbitraria.

Qué significa seguridad jurídica

La expresión se usa a veces como sinónimo de tranquilidad, pero no se refiere a la seguridad pública ni a la prevención del delito. La seguridad pública busca proteger a las personas frente a daños o violencia. La seguridad jurídica trata de la calidad del marco legal: que las normas sean accesibles, suficientemente claras y previsibles en su aplicación.

El Diccionario Usual del Poder Judicial de Costa Rica vincula el concepto con la certeza, la previsibilidad, la publicación previa de las normas y los cambios realizados mediante procedimientos legales. Es una definición útil como punto de partida, con una precisión importante: ningún derecho elimina toda duda. Las leyes tienen términos que interpretar, los hechos pueden discutirse y los jueces pueden discrepar. La exigencia razonable es que esa incertidumbre no dependa de una voluntad cambiante e imposible de anticipar.

Por eso, seguridad jurídica no equivale simplemente a que exista una ley escrita. Una administración puede citar una norma y, aun así, aplicarla con criterios secretos, contradictorios o diseñados para una persona concreta. La legalidad entendida como mera autorización formal es insuficiente cuando faltan igualdad, razones verificables y posibilidad de revisión.

Las condiciones que hacen previsible una regla

No hay un catálogo idéntico para todos los sistemas constitucionales, pero los estándares del Estado de derecho suelen reunir varias garantías relacionadas. La Rule of Law Checklist de la Comisión de Venecia incluye, entre otras, legalidad, certeza jurídica, prohibición de la arbitrariedad, acceso a la justicia, derechos humanos e igualdad.

Para un lector no especializado, esas garantías pueden resumirse así:

• Publicidad y accesibilidad: una regla no orienta la conducta si quienes deben cumplirla no pueden conocerla de manera razonable.
• Claridad suficiente: no toda disposición puede ser matemática, pero debe ofrecer criterios que permitan distinguir lo permitido de lo prohibido.
• Aplicación prospectiva: una persona no debería ser sancionada o privada de un derecho por una regla creada después de actuar, salvo excepciones muy delimitadas por el propio ordenamiento.
• Igualdad y generalidad: casos semejantes deben recibir una consideración semejante; las excepciones necesitan una justificación comprobable.
• Control independiente: debe existir una vía real para impugnar decisiones, pedir razones y corregir abusos.

Estas piezas trabajan juntas. Una norma publicada pero redactada de manera vacía puede dejar demasiado margen a quien decide. Un criterio claro, pero aplicado retrospectivamente, frustra la confianza de quien actuó conforme a la regla vigente. Y una decisión bien explicada en el papel pierde fuerza si nadie puede revisarla.

Idea clave: la estabilidad ayuda a planificar, pero la seguridad jurídica exige algo más: reglas conocidas, aplicación no retroactiva, igualdad y posibilidad de control.

Dos situaciones cotidianas

Pensemos en una sanción administrativa. Si la autoridad publica de antemano los requisitos, explica qué pruebas toma en cuenta y permite recurrir su decisión, una persona puede adaptar su conducta y defenderse si considera que hubo un error. Puede no estar de acuerdo con el resultado, pero no queda enteramente a merced de un funcionario.

El contraste es una excepción ad hoc: la misma conducta se tolera para unos, se castiga para otros y nadie conoce el criterio hasta que recibe la notificación. Allí el problema no es solo la severidad de la medida. Es que el ciudadano no puede organizar sus decisiones ni cuestionar de forma efectiva un trato desigual.

Algo parecido ocurre con un contrato. Las partes asumen riesgos y pueden preverlos bajo reglas conocidas sobre propiedad, cumplimiento y remedios frente al incumplimiento. Si una modificación posterior altera retroactivamente los efectos esenciales del acuerdo, calcular obligaciones se vuelve mucho más difícil. Eso no prueba que todo cambio legal sea indebido; muestra por qué los cambios deben ser públicos, generales y normalmente prospectivos.

La seguridad jurídica de la propiedad ilustra especialmente bien esta función. La propiedad no se limita a tener un título: permite usar, transferir, invertir o planear. Esas decisiones requieren que sus condiciones básicas no dependan de una intervención discrecional sin reglas ni recurso.

Por qué importa en una lectura liberal

El liberalismo clásico ha dado importancia central al gobierno limitado porque la libertad no depende solo de que el poder persiga fines declarados valiosos. También depende de cómo se ejerce ese poder. Una orden individual e imprevisible puede interferir con una persona incluso cuando se presenta como una medida de interés general.

Desde esta tradición, una ley general tiene una ventaja institucional: permite a las personas conocer el marco antes de actuar y obliga a la autoridad a justificar por qué un caso entra en él. No convierte toda norma general en buena ni resuelve por sí sola los desacuerdos políticos. Pero desplaza la relación desde la obediencia a una voluntad particular hacia un gobierno de leyes, cuyas reglas también vinculan a quienes gobiernan.

Leonardo Sempértegui ha relacionado el liberalismo clásico con el Estado de derecho y con la protección judicial de la libertad. Es mejor entender esa conexión como una interpretación institucional que como una doctrina liberal única. Hay desacuerdos legítimos sobre qué derechos proteger, qué regulaciones son admisibles o hasta dónde debe llegar el Estado. El punto común es más acotado: las decisiones públicas que afectan la esfera individual deben tener base pública, límites y controles.

Idea clave: para una mirada liberal, la seguridad jurídica protege la libertad porque hace más difícil que una decisión pública dependa del capricho, el favor o la excepción sin fundamento.

Esta idea también explica la diferencia entre una regla general y la discrecionalidad. La administración necesita a veces valorar circunstancias particulares: conceder una licencia, atender una emergencia o elegir entre medidas proporcionadas. La discrecionalidad puede ser legítima si está delimitada por fines, criterios, motivación y revisión. Se vuelve arbitrariedad estatal cuando esos límites desaparecen y la autoridad puede decidir sin razones que otros puedan examinar.

Previsibilidad no es justicia automática

Conviene evitar una conclusión demasiado rápida: una norma estable puede ser injusta, discriminatoria o incompatible con derechos fundamentales. La previsibilidad limita un tipo de daño —la incertidumbre frente al poder—, pero no responde por sí sola a la pregunta de qué contenido debe tener una ley.

Por eso el Estado de derecho no se reduce a obedecer cualquier norma aprobada. La Comisión de Venecia asocia la certeza jurídica con la igualdad, los derechos humanos, el acceso a la justicia y la prohibición de arbitrariedad. Esas exigencias permiten evaluar tanto la forma como los efectos de la acción pública.

Tampoco debe confundirse seguridad jurídica con inmovilismo. Las leyes pueden y, a veces, deben reformarse ante nuevos problemas, errores comprobados o cambios sociales. Una reforma es más compatible con la seguridad jurídica cuando se anuncia con claridad, se aplica hacia el futuro, usa criterios generales y deja abiertas vías de control. El desacuerdo político sobre la reforma no desaparece; al menos deja de resolverse mediante sorpresas normativas o privilegios de último minuto.

Un límite práctico al poder

La seguridad jurídica es una disciplina para las instituciones y una herramienta de orientación para las personas. Pide que el derecho pueda conocerse antes de obedecerlo, que el poder dé razones antes de imponer consecuencias y que exista una instancia capaz de revisar sus excesos.

No promete que cada decisión será justa ni que toda controversia tendrá una respuesta simple. Ofrece algo más concreto: un orden en el que contratos, proyectos, derechos y desacuerdos no dependan principalmente de quién ejerce el poder ese día. Esa es la razón por la que unas reglas previsibles, corregibles y aplicadas con igualdad son una condición relevante de la libertad.