Fundamentos

Liberalismo y virtud cívica: libertad, responsabilidad e instituciones

Por Daniel Sardá · Publicado el 23 de septiembre de 2026 a las 17:56 UTC

8 min de lectura1.576 palabras

Una sociedad liberal no necesita ciudadanos idénticos, pero sí ciertas disposiciones públicas: respeto por los derechos, tolerancia, responsabilidad y voluntad de convivir bajo reglas justas.

¿Puede una sociedad defender la libertad de cada persona y, al mismo tiempo, esperar de sus miembros ciertas virtudes? La pregunta parece encerrar una contradicción. Si el Estado decide qué significa ser un buen ciudadano, puede terminar invadiendo la conciencia y la vida privada. Pero si una comunidad política no espera ningún respeto por los derechos, las reglas o los demás, la libertad queda expuesta al abuso y a la arbitrariedad.

La tensión es real, aunque no obliga a elegir entre autonomía individual y convivencia. El punto decisivo está en qué virtudes se consideran cívicas, quién puede promoverlas y mediante qué medios. El liberalismo puede reconocer hábitos públicos necesarios sin convertir al poder político en tutor de la vida buena.

Dos conceptos que admiten más de una lectura

El liberalismo no es una doctrina única. Es una familia de tradiciones que concede un lugar central a la libertad de la persona, pero cuyos integrantes discrepan sobre el significado de esa libertad, la justificación de los derechos y el alcance legítimo del gobierno. La propia entrada sobre liberalismo de la *Stanford Encyclopedia of Philosophy* presenta esas diferencias internas. Reducir toda la tradición al mercado, al aislamiento personal o a la ausencia de deberes conduce, por tanto, a una caricatura.

La virtud cívica tampoco equivale a perfección moral. En un sentido político limitado, designa disposiciones que facilitan la vida en común entre personas distintas: respetar derechos, actuar con civilidad, tolerar desacuerdos, cumplir reglas justas y aceptar que el poder debe permanecer sujeto a límites. Su contenido cambia según la tradición desde la cual se formule.

Esta definición acotada importa. Una persona puede observar esos deberes públicos y, a la vez, tener creencias religiosas, prioridades familiares o ideales personales muy diferentes de los de sus vecinos. La virtud cívica regula la relación entre ciudadanos libres; no prescribe una biografía ejemplar para todos.

Idea clave: Una sociedad plural puede pedir respeto por las reglas de la libertad sin exigir que todos compartan una misma idea de felicidad o excelencia personal.

La libertad no convierte el egoísmo en virtud

Una objeción frecuente sostiene que el liberalismo imagina individuos aislados, atentos solo a su interés. Sin embargo, reconocer la libertad individual no supone celebrar cualquier conducta egoísta. Los derechos de una persona trazan también límites frente a las acciones de otras. La libertad propia no incluye dominar, agredir, defraudar o silenciar a los demás.

Por eso, el orden liberal presupone alguna reciprocidad. Quien reclama que se respete su conciencia debe admitir la misma protección para la conciencia ajena. Quien exige reglas previsibles no puede reservarse el privilegio de ignorarlas cuando le resultan inconvenientes. Y quien pierde una decisión adoptada mediante procedimientos legítimos puede impugnarla, criticarla e intentar cambiarla sin atribuirse por ello un derecho automático a desconocer el marco común.

Estos ejemplos expresan disposiciones cívicas, pero no obediencia acrítica. Respetar la ley no significa considerar justa cualquier orden. El ideal de la generalidad de la ley exige que las normas no sean simples instrumentos de favoritismo y que también el poder quede sometido a ellas. La crítica pública, la reforma institucional y la resistencia frente a la arbitrariedad no son fallas del civismo: pueden ser parte de él.

Tolerancia, responsabilidad y neutralidad

En sociedades abiertas conviven convicciones incompatibles entre sí. La tolerancia permite manejar ese desacuerdo sin tratar al adversario como enemigo ni utilizar el poder para uniformar conciencias. No exige aprobar toda idea o conducta. Exige distinguir entre rechazar una opinión y negar a quien la sostiene sus derechos básicos.

La responsabilidad completa esa disposición. Las decisiones libres producen consecuencias, compromisos y deberes frente a terceros. Asociarse, contratar, expresarse o participar en asuntos comunes demanda considerar esas consecuencias, no solo invocar facultades propias. De ahí que tolerancia y responsabilidad sean complementarias: una limita la tentación de imponer convicciones; la otra limita la tentación de separar la libertad de sus efectos.

Algunas versiones del liberalismo político añaden el ideal de civilidad: cuando se decide sobre el uso del poder común, los ciudadanos y sus representantes deberían ofrecer razones que otros puedan comprender aunque no compartan su doctrina moral o religiosa. El análisis de Jordi Tena Sánchez sobre virtud cívica y liberalismo igualitarista explica cómo el marco rawlsiano puede reconocer disposiciones necesarias para la justicia sin abandonar el pluralismo.

Aquí, la neutralidad no significa que el Estado sea indiferente ante la violencia, la discriminación jurídica o la violación de derechos. Es, ante todo, un límite a la justificación de la coerción: el poder no debería imponer una concepción completa de la vida buena solo porque una mayoría la considera superior.

Distinción necesaria: No es lo mismo proteger las condiciones de una convivencia libre que usar la ley para fabricar un tipo ideal de persona.

Las instituciones también educan, aunque no den sermones

Las virtudes públicas no aparecen únicamente por mandato. Las personas aprenden a cooperar participando en familias, asociaciones, comunidades religiosas, empresas, sindicatos, organizaciones vecinales y proyectos culturales. La libertad de asociación abre espacios donde se practican la confianza, la deliberación y el cumplimiento de compromisos sin que todas esas relaciones sean dirigidas por el Estado.

Esto no garantiza resultados virtuosos. Una asociación puede ser excluyente, irresponsable o abusiva. La sociedad civil es un ámbito posible de aprendizaje y cooperación, no una máquina automática de producir buenos ciudadanos. Su ventaja liberal reside en la pluralidad: permite que distintos grupos propongan ideales, persuadan, experimenten y se corrijan sin convertir una sola visión en obligación política para todos.

Las instituciones formales transmiten también incentivos y expectativas. Reglas públicas, estables y aplicadas sin privilegios hacen razonable esperar reciprocidad; la arbitrariedad, en cambio, debilita esa expectativa. Esta relación debe expresarse con prudencia: no prueba que un diseño institucional produzca por sí solo determinados caracteres. Sí muestra que pedir responsabilidad a los ciudadanos mientras el poder opera sin límites sería incoherente.

El aporte republicano: libertad frente a la dominación

El republicanismo introduce una advertencia útil: una persona puede carecer de interferencias inmediatas y, aun así, depender de una voluntad arbitraria. El amo benévolo que hoy decide no intervenir conserva el poder de hacerlo mañana. Por eso, buena parte del republicanismo contemporáneo entiende la libertad como no-dominación, según explica la síntesis sobre republicanismo de la *Stanford Encyclopedia of Philosophy*.

Desde esta perspectiva, la vigilancia del poder, la participación y la disposición a defender las instituciones libres adquieren especial importancia. Los derechos escritos no bastan si nadie controla su aplicación o si los ciudadanos aceptan relaciones de dependencia arbitraria como inevitables.

El liberalismo y el republicanismo no son intercambiables. Difieren en su manera de concebir la libertad, en el peso que conceden a la participación y en cuánto puede promover el poder público ciertas disposiciones. Pero comparten un terreno constitucional: límites al gobierno, rechazo de la arbitrariedad y protección de la condición libre del ciudadano. La posibilidad de una virtud cívica compatible con el liberalismo político es precisamente la propuesta que examinan Santos y Corrêa de Araújo en su estudio sobre un posible consenso liberal-republicano. Es una tesis argumentativa, no un acuerdo definitivo entre ambas tradiciones.

La contribución republicana permite corregir una versión demasiado pasiva de la ciudadanía. La cautela liberal, a su vez, recuerda que participar más no autoriza a la mayoría a decidirlo todo ni convierte la movilización política permanente en deber universal.

¿Hasta dónde puede promoverse la virtud cívica?

La respuesta depende del medio empleado y del tipo de virtud en cuestión. No existe una equivalencia moral entre persuadir y coaccionar. Una escuela puede enseñar cómo funcionan las instituciones y por qué importan los derechos; una asociación puede invitar al servicio comunitario; un medio puede defender la honestidad pública. Tales iniciativas admiten discusión, alternativas y crítica.

La coerción requiere un umbral de justificación mucho más exigente. Castigar la violencia o el fraude protege derechos ajenos. Castigar una vida pacífica solo porque se aparta del ideal moral de los gobernantes impone una doctrina particular. Entre ambos extremos hay controversias legítimas, pero la carga de la prueba corresponde a quien pretende usar la fuerza pública.

Una orientación liberal puede evaluar la promoción cívica con tres preguntas:

• ¿Protege derechos y reglas comunes, o impone una moral privada?
• ¿Ofrece razones, educación y oportunidades de cooperación, o recurre a sanciones desproporcionadas?
• ¿Respeta el desacuerdo y la revisión crítica, o confunde civismo con conformidad?

Criterio liberal: Cuanto más se aleja una conducta de la lesión de derechos ajenos y más se acerca a una elección personal pacífica, más débil es la justificación para coaccionarla.

Una compatibilidad exigente y limitada

Liberalismo y virtud cívica son compatibles si esta última se entiende como un conjunto limitado de disposiciones para convivir en libertad, no como un catálogo estatal de vidas ejemplares. El respeto recíproco, la tolerancia, la responsabilidad y el rechazo de la arbitrariedad ayudan a sostener instituciones en las que personas diferentes pueden perseguir fines diferentes.

Esa compatibilidad tiene dos límites. El primero recae sobre el ciudadano: invocar derechos no lo exime de reconocer los derechos ajenos ni de responder por sus actos. El segundo recae sobre el poder: reconocer la importancia de ciertos hábitos no le concede licencia para gobernar conciencias.

La virtud cívica liberal ocupa justamente ese espacio entre indiferencia y tutela. Pide lo necesario para que nadie sea dueño de los demás, pero deja a cada persona un ámbito amplio para decidir quién quiere ser.