Fundamentos

Derecho natural y crisis institucional: legitimidad, límites y garantías

Por Daniel Sardá · Publicado el 30 de agosto de 2026 a las 21:25 UTC

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El derecho natural permite juzgar el poder más allá de la mera legalidad, pero solo las reglas, los controles y las garantías convierten ese criterio en protección efectiva.

Una norma puede haber sido aprobada por el órgano competente, seguir el procedimiento previsto y, aun así, permitir abusos. Una institución puede conservar su edificio, sus funcionarios y sus reglamentos, pero haber dejado de proteger a quienes dependen de ella. En ambos casos, la legalidad formal aporta una parte de la respuesta, no toda.

Ahí aparece la relación entre derecho natural y crisis institucional. El derecho natural ofrece criterios para preguntar si el poder respeta exigencias de justicia que no dependen únicamente de su propia voluntad. El análisis institucional, por su parte, obliga a comprobar si las reglas funcionan, los límites se aplican y los derechos pueden reclamarse en la práctica.

No se trata de elegir entre moral e instituciones. Una evaluación seria necesita ambas: razones para justificar los límites del poder y mecanismos capaces de hacerlos efectivos.

Tres planos que conviene separar

El derecho natural no es una ley vigente escondida detrás de las leyes escritas. Es una familia plural de teorías según las cuales el derecho y la autoridad pueden evaluarse mediante razones morales, bienes humanos o exigencias de justicia que el gobernante no crea a voluntad. Sus corrientes discrepan sobre el fundamento y el contenido de esos criterios; por eso no conviene presentarlo como un código único ni como una doctrina exclusivamente religiosa.

Los derechos naturales son algo más específico: posiciones morales atribuidas a las personas con independencia de que el Estado las reconozca. La libertad personal, por ejemplo, no sería una concesión revocable del gobernante, sino una exigencia que condiciona la legitimidad de su actuación. El derecho natural es el marco de razonamiento; los derechos naturales son algunas de las conclusiones que pueden defenderse dentro de ese marco.

El derecho positivo, en cambio, está compuesto por normas creadas, reconocidas y aplicadas mediante procedimientos e instituciones humanas. Es indispensable: los principios generales no fijan por sí solos plazos procesales, competencias judiciales o procedimientos de apelación. Como explica la síntesis de la Stanford Encyclopedia of Philosophy, una teoría iusnaturalista puede admitir la necesidad de determinaciones positivas para coordinar la vida social.

De esta primera distinción se desprenden otras tres:

• Validez: pregunta si una norma pertenece al sistema jurídico y fue producida conforme a sus criterios.
• Legitimidad: pregunta si el poder y sus decisiones están moralmente justificados ante quienes quedan sujetos a ellos; esa cuestión se desarrolla en el concepto de legitimidad política.
• Eficacia o desempeño: pregunta si las normas y las instituciones operan realmente y consiguen proteger, decidir o reparar.

Una norma puede, por tanto, ser válida y al mismo tiempo injusta. También puede ser razonable en su contenido pero ineficaz porque nadie la ejecuta. Y una institución puede ofrecer buenos resultados puntuales mediante facultades arbitrarias que destruyen la seguridad jurídica. Los tres planos se relacionan, pero ninguno reemplaza a los demás.

Idea clave: Que una decisión sea jurídicamente válida no demuestra por sí solo que sea legítima; que sea legítima en su propósito tampoco garantiza que funcione.

Cuándo existe una crisis institucional

No todo conflicto político es una crisis. Las democracias abiertas procesan desacuerdos intensos, alternancias de gobierno, protestas y decisiones judiciales controvertidas. La impopularidad de una autoridad, un error administrativo o una sentencia discutible tampoco prueban por sí solos un colapso.

Para este análisis, una crisis institucional es un deterioro relevante y persistente de las reglas, los controles, la capacidad de ejecución o la relación de confianza entre las personas y las instituciones. Es una tipología de diagnóstico, no una definición universal. Puede adoptar varias formas que a menudo se combinan:

• Quiebre de reglas: las autoridades desconocen competencias, procedimientos o decisiones obligatorias.
• Arbitrariedad: las reglas se aplican selectivamente o el poder actúa sin criterios generales y previsibles.
• Incapacidad: las instituciones conservan atribuciones formales, pero no pueden decidir, ejecutar o reparar.
• Pérdida de confianza: sectores amplios dejan de esperar imparcialidad o cumplimiento, con efectos sobre la cooperación social.

La última dimensión requiere especial cautela. La desconfianza puede ser un indicador temprano o una consecuencia del deterioro, pero una encuesta negativa no basta para declarar una crisis. Del mismo modo, la incapacidad no siempre implica injusticia deliberada, y una infracción aislada no demuestra la ruptura de todo el orden.

El estudio de Wilenmann, Feddersen, Gambardella y Cavieres sobre la crisis institucional chilena y la ajenidad del derecho ayuda a formular una cautela metodológica sin convertir su caso nacional en regla general: el diagnóstico no puede detenerse en el texto de las normas. También importan las conductas institucionales, la implementación, las actitudes y la evidencia sobre la relación real entre el derecho y las personas.

Del criterio moral a la protección efectiva

El derecho natural permite formular una objeción decisiva: si la dignidad y los derechos de las personas no proceden de la voluntad del gobernante, la autoridad no puede considerarse ilimitada. Pero esa afirmación todavía no protege a nadie. Para hacerlo necesita una traducción institucional.

El recorrido puede entenderse así: derechos, límites, garantías e implementación.

Primero se reconoce una exigencia moral, como no ser privado de libertad por mero capricho. Luego el derecho positivo la convierte en límites generales: causas legales, autoridad competente, debido proceso y prohibición de discriminación. Después, las garantías constitucionales permiten impugnar la violación ante una instancia independiente. Finalmente, la decisión debe ejecutarse; un remedio que solo existe en el papel no repara el daño.

La Comisión de Venecia organiza el Estado de derecho mediante criterios observables como legalidad, seguridad jurídica, prevención del abuso de poder, igualdad ante la ley y acceso a la justicia. Su lista no es una teoría del derecho natural, pero muestra qué instituciones hacen verificables algunos límites: jueces independientes, revisión de decisiones, procedimientos accesibles y remedios efectivos.

Esta traducción expresa bien el aporte liberal clásico. Los derechos no son favores administrativos, y el poder no se limita mediante la benevolencia de quien lo ejerce. Se limita con reglas generales, separación de funciones, contrapesos y procedimientos que permiten a cada persona exigir una respuesta.

Idea clave: Declarar un derecho es solo el comienzo. Sin una autoridad independiente, un procedimiento accesible, un remedio adecuado y una decisión ejecutable, la garantía sigue incompleta.

Dos instituciones iguales en el papel, dos problemas distintos

Imaginemos un país cuya constitución protege la independencia judicial, pero cuya ley permite al gobierno remover jueces por una fórmula vaga como “pérdida de confianza”. El procedimiento pudo ser formalmente aprobado. Sin embargo, la discrecionalidad debilita la imparcialidad: un juez que teme ser destituido tiene menos capacidad para controlar al mismo poder que decide su permanencia.

El derecho natural permite preguntar si esa facultad trata a las personas como titulares de derechos o como objetos de una conveniencia política. El análisis de legalidad estudia si la ley se aprobó correctamente y cómo encaja en la jerarquía normativa. El análisis institucional examina nombramientos, remociones, recursos y conductas. Ninguna de esas preguntas sobra.

Ahora imaginemos otra situación. La constitución reconoce el derecho a impugnar una expropiación y los tribunales suelen decidir con independencia, pero la administración ignora sistemáticamente las sentencias que ordenan indemnizar. Aquí el problema principal no es la ausencia de una declaración ni necesariamente la captura judicial. Es una falla de ejecución que vacía de contenido el remedio.

Los ejemplos revelan por qué “hay leyes” y “hay tribunales” son respuestas insuficientes. El diseño puede abrir la puerta a la arbitrariedad; la práctica puede neutralizar un buen diseño. Para saber qué está fallando hay que identificar el mecanismo preciso.

Lo que el derecho natural puede aportar —y lo que no

Su aporte principal es crítico. Permite negar que la voluntad del poder sea la medida final de la justicia y obliga a justificar públicamente la coerción. También ayuda a explicar por qué una mayoría, un parlamento o un funcionario competente pueden exceder límites aunque actúen mediante formas legales.

Pero el derecho natural no entrega una solución automática para cada crisis. Al menos tres objeciones deben tomarse en serio.

La primera es el desacuerdo moral. Personas razonables pueden compartir una idea de dignidad y discrepar sobre sus consecuencias. Los principios generales necesitan deliberación, interpretación y especificación jurídica.

La segunda es la indeterminación. Decir que el poder debe respetar la libertad no decide por sí solo cómo diseñar una revisión judicial, qué plazo debe tener un recurso o qué autoridad ejecutará la sentencia. Esas decisiones exigen conocimiento técnico, prudencia y evidencia.

La tercera es el uso retórico. Tanto gobiernos como oposiciones pueden llamar “natural” a una preferencia propia para evitar justificarla. Una invocación seria debe ofrecer razones públicas, aplicarse con generalidad y reciprocidad, y contrastarse con garantías que también protejan al adversario. Este último problema se conecta con la tolerancia liberal en una crisis institucional: limitar el poder importa especialmente cuando las reglas deben amparar a quienes piensan distinto.

Advertencia: Apelar a principios superiores no autoriza a ignorar procedimientos. Sin razones públicas y controles, el lenguaje del derecho natural puede convertirse en otra herramienta de poder arbitrario.

Un criterio de evaluación, no una fórmula de reemplazo

Ante una institución deteriorada conviene ordenar el examen. ¿Qué derecho o bien humano está en juego? ¿La norma cuestionada es válida dentro del sistema? ¿El ejercicio del poder está justificado y sometido a límites generales? ¿Existen autoridades independientes para revisar abusos? ¿Los procedimientos son accesibles y sus remedios se ejecutan? ¿La evidencia muestra un patrón persistente o apenas un conflicto ordinario?

Estas preguntas evitan dos atajos. El primero consiste en suponer que toda injusticia moral vuelve inexistente una norma: la crítica de legitimidad no resuelve por sí sola su situación jurídica. El segundo consiste en creer que la validez formal cierra la discusión: una institución puede aplicar normas válidas de manera selectiva, carecer de capacidad o negar toda reparación.

El derecho natural conserva entonces una función precisa en tiempos de crisis: proporciona un estándar para juzgar la autoridad más allá de la voluntad de quien manda. El derecho positivo convierte ese estándar en reglas comunes. Y las instituciones —cuando están limitadas, son independientes y pueden ejecutar sus decisiones— hacen que esas reglas protejan de verdad.

La crisis comienza a entenderse mejor cuando se deja de buscar una única etiqueta y se pregunta dónde se rompió esa cadena. No toda falla es una crisis, ni toda crisis tiene la misma causa. Pero si los derechos dependen del favor del poder, los controles no controlan y los remedios no reparan, la legalidad ya no basta para explicar la legitimidad del orden ni la seguridad de las personas.