Ciberguerra: qué es, cómo funciona y cuáles son sus límites

Una operación digital puede interrumpir servicios esenciales, pero no todo ciberataque equivale a una guerra. Entender sus efectos, su autoría y su contexto permite distinguirlos.

Por Daniel Sardá · Publicado el

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La ciberguerra es el empleo de operaciones contra sistemas informáticos como medios o métodos de un conflicto armado. En el lenguaje público, el término también se utiliza de forma más amplia para describir hostilidades digitales entre actores políticos. Esa diferencia de uso importa: un ataque contra una red, incluso uno grave, no demuestra por sí solo que exista una guerra.

Para entender una operación hay que preguntar qué efectos produjo, quién la realizó y en qué contexto ocurrió. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) distingue las operaciones cibernéticas cotidianas de las vinculadas a conflictos armados, a las que se aplican las reglas del derecho internacional humanitario.

La cuestión tiene consecuencias muy concretas. Detrás de una red pueden estar las comunicaciones de una familia, la actividad de una empresa o los servicios de un hospital. Comprender la ciberguerra exige mirar tanto las decisiones militares como a las personas que dependen de esos sistemas.

Cómo una operación digital puede causar daños fuera de una pantalla

Una operación cibernética actúa sobre sistemas informáticos, redes o datos. Puede buscar obtener información, alterar el funcionamiento de un servicio o impedir que sus usuarios accedan a él. Sus consecuencias dependen del sistema afectado y de la función que cumple.

Pensemos en una red que permite coordinar un servicio esencial. Si deja de estar disponible, el problema no termina en los equipos: puede dificultar la atención a las personas que necesitan ese servicio. Es un ejemplo hipotético de cómo una interrupción digital puede tener efectos materiales y sociales.

Además, las redes civiles y militares pueden compartir infraestructura. Una acción dirigida contra una capacidad militar puede afectar también a usuarios civiles o extender sus consecuencias a otros países. El CICR advierte de estos riesgos para infraestructuras y servicios de los que depende la población.

Eso no significa que toda intrusión produzca daños físicos ni que cualquier interrupción tenga la misma gravedad. Para valorar un incidente conviene precisar qué dejó de funcionar, durante cuánto tiempo y con qué consecuencias para las personas.

Antes de un incidente, un modelo de amenazas digitales puede ayudar a identificar qué sistemas necesitan protección y frente a qué riesgos.

Idea clave: El carácter digital de una operación no limita sus efectos a lo virtual. Su gravedad depende de lo que afecta y de las consecuencias que provoca.

Quién actúa y cómo se determina la autoría

Las operaciones pueden involucrar a fuerzas estatales, grupos armados y civiles. Pero identificar al responsable suele exigir más que encontrar el equipo desde el que parece proceder una actividad.

Hay tres preguntas distintas. La atribución técnica intenta reconstruir quién operó y cómo. La atribución jurídica examina si una conducta puede imputarse a un Estado conforme a las reglas pertinentes. La atribución política consiste en la decisión de señalar públicamente a un responsable. La posición oficial de Canadá sobre el derecho internacional en el ciberespacio distingue estas dimensiones.

Encontrar infraestructura utilizada en una operación puede aportar una pista, pero no basta por sí solo para establecer responsabilidad estatal. Tampoco una acusación pública equivale automáticamente a una conclusión judicial.

La dificultad de atribución no obliga a renunciar a toda conclusión. Obliga a explicar quién la sostiene, en qué evidencia se apoya y con qué grado de confianza. Si parte de las pruebas no es pública, el lector debe poder reconocer ese límite.

Ciberguerra, ciberdelito y espionaje: dónde están las diferencias

La palabra ciberataque describe de manera general una acción hostil contra sistemas o datos. Por sí sola dice poco sobre su finalidad, su autor o su relación con un conflicto armado. Además, el uso cotidiano de «ataque» no coincide necesariamente con su significado jurídico en el derecho humanitario.

Las otras categorías ayudan a ordenar el análisis:

  • Ciberdelito: actividad delictiva realizada mediante sistemas digitales o dirigida contra ellos. Una extorsión informática puede perseguir un beneficio económico sin formar parte de una guerra.
  • Ciberespionaje: obtención de información mediante medios digitales. El espionaje no equivale por sí solo a un conflicto armado; su valoración jurídica requiere examinar la conducta y las normas aplicables.
  • Ciberdefensa: protección de sistemas y capacidades frente a amenazas digitales. El nombre describe una finalidad de protección, pero no resuelve por sí mismo la legalidad de cada medida.
  • Ciberguerra: en el sentido utilizado aquí, empleo de operaciones cibernéticas en un conflicto armado.

Estas categorías pueden solaparse. Una intrusión destinada a obtener información puede preparar otra operación posterior. También puede haber conductas delictivas relacionadas con hostilidades. La clasificación depende de los hechos y del contexto, no solo de la herramienta utilizada.

Idea clave: Una operación estatal no es automáticamente guerra, y una operación de espionaje no se convierte en guerra solo porque sea hostil o sofisticada.

Qué límites establece el derecho internacional

El análisis jurídico requiere separar tres cuestiones: la legalidad del recurso a la fuerza, las condiciones de la legítima defensa y las reglas que protegen a las personas durante un conflicto armado.

Uso de la fuerza y legítima defensa

El artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales en los términos que establece. El artículo 51, recogido en el Repertorio del Consejo de Seguridad, reconoce el derecho de legítima defensa en caso de ataque armado.

Uso de la fuerza y ataque armado no son expresiones intercambiables. Tampoco la Carta contiene una regla automática que permita clasificar cualquier incidente informático a partir de una interrupción del servicio.

La posición del Reino Unido de 2021 considera la escala y los efectos al examinar operaciones cibernéticas bajo estas normas. Se trata de una posición estatal que ayuda a entender el análisis, sin resolver todas las controversias interpretativas. No basta con constatar un apagón para concluir que autoriza una respuesta militar.

Protección de civiles durante las hostilidades

El derecho internacional humanitario (DIH) regula la conducción de las hostilidades y protege a quienes no participan en ellas. Según explica el CICR, se aplica también a las operaciones cibernéticas vinculadas a un conflicto armado. Aplicarlo no significa considerar legítimo el inicio de una guerra.

Entre sus reglas están la distinción entre objetivos militares y personas o bienes civiles, la proporcionalidad y las precauciones en el ataque. La proporcionalidad no exige que ambos adversarios sufran daños iguales: prohíbe ataques en los que el daño civil incidental previsto sea excesivo respecto de la ventaja militar concreta y directa prevista. El CICR desarrolla estos límites para las operaciones digitales.

En una infraestructura compartida, el análisis debe atender a sus funciones y a los efectos previsibles sobre civiles. La presencia de un uso militar no elimina la necesidad de evaluar las consecuencias para otros usuarios.

Persisten debates sobre algunas cuestiones, como la protección de datos civiles o la clasificación de situaciones de violencia exclusivamente digital. Esa incertidumbre no convierte el ciberespacio en un lugar sin derecho. Tampoco permite afirmar que todos los umbrales estén resueltos.

Idea clave: Las reglas sobre cuándo puede recurrirse a la fuerza y las reglas sobre cómo se conducen las hostilidades responden a preguntas distintas. La protección civil conserva su importancia con independencia de quién inició el conflicto.

KA-SAT: un caso para aplicar estas distinciones

El 24 de febrero de 2022, la red de comunicaciones por satélite KA-SAT sufrió una interrupción parcial que afectó a usuarios en Ucrania y otros países europeos. Así lo documentó Viasat, la empresa afectada, en su informe de marzo de 2022.

Conviene precisar el objeto del incidente: Viasat no encontró evidencia de que el propio satélite hubiera sido comprometido. Describirlo como la destrucción de un satélite introduciría un hecho que el informe no respalda.

En mayo de 2022, el Centro Nacional de Ciberseguridad británico (NCSC) atribuyó el ataque a Rusia con un grado de confianza casi seguro. Esa es una atribución oficial británica; debe leerse con su emisor y su grado de confianza, no como una resolución judicial.

El caso permite distinguir el efecto documentado —la interrupción del servicio—, la atribución oficial y la valoración jurídica. Su contexto muestra la relevancia de las operaciones digitales en un conflicto armado, pero no hace innecesario analizar por separado qué normas corresponden a cada conducta. Tampoco permite concluir, sin más, que el incidente aislado cruzó un umbral jurídico determinado.

Seguridad digital con responsabilidad pública

Desde una perspectiva liberal, proteger servicios esenciales, propiedad y comunicaciones personales exige prestar atención tanto a las amenazas como a las facultades utilizadas para responder. La gravedad de un incidente no justifica por sí sola cualquier forma de vigilancia o restricción de derechos.

El criterio editorial que se desprende de ello es exigir medidas justificadas, límites definidos y rendición de cuentas. Una respuesta de seguridad debe poder explicar qué protege, por qué necesita determinadas facultades y cómo se supervisan sus efectos sobre la privacidad y la actividad civil.

Al leer una noticia sobre «ciberguerra», conviene conservar tres preguntas: qué daño está comprobado, a quién se atribuye y qué relación tiene con un conflicto armado. Si faltan respuestas, la etiqueta dice menos de lo que parece. Si las hay, permiten discutir responsabilidades y protección civil con mayor precisión, sin perder de vista a quienes dependen de la red afectada.

Sobre el autor

Daniel Sardá es SEO Specialist, técnico superior universitario en Comercio Exterior por la Universidad Simón Bolívar y editor de Libertatis Venezuela. Escribe sobre liberalismo, economía política, instituciones, propaganda y libertad individual desde una perspectiva independiente y no partidista.

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