Fundamentos

Liberalismo frente al populismo: diferencias y límites al poder

Por Daniel Sardá · Publicado el 06 de septiembre de 2026 a las 07:22 UTC

8 min de lectura1.546 palabras

Atender demandas populares y arrogarse la voz de todo el pueblo son cosas distintas. Esa diferencia permite examinar el populismo desde una perspectiva liberal.

Imaginemos un partido que gana unas elecciones y anuncia que sus adversarios ya no representan una opción legítima: quien se opone al gobierno se opone al pueblo. El ejemplo es hipotético. El dilema que plantea es concreto: ¿una victoria electoral autoriza a decidir quién merece participar en la vida política?

La comparación entre liberalismo y populismo encuentra aquí una diferencia decisiva. Desde una perspectiva liberal clásica, el mandato para gobernar debe coexistir con derechos, controles y oposición legítima. En las concepciones del populismo que examinaremos, la tensión aparece cuando alguien reclama representar al único pueblo auténtico y descalifica a quienes discrepan.

Para entender el liberalismo frente al populismo conviene separar tres asuntos: qué significan esos términos, qué relación guardan con la economía y cómo permiten evaluar el ejercicio del poder. La etiqueta que un dirigente elija para sí mismo no resuelve ninguna de esas preguntas.

Qué entendemos por liberalismo y por populismo

El liberalismo clásico sitúa la libertad individual, la propiedad y la igualdad ante la ley entre los criterios para juzgar las instituciones. El poder necesita límites porque las personas conservan una vida propia: pueden asociarse, expresar opiniones y perseguir proyectos que el gobernante o la mayoría no comparten.

Ese es el punto de vista normativo de este artículo. Expresa cómo consideramos que debe organizarse el poder; no presupone que todos los actores llamados liberales respeten esos principios.

Para delimitar el populismo, resulta útil el enfoque de Cas Mudde. En “The Populist Zeitgeist”, lo caracteriza por una oposición moral entre un pueblo concebido como homogéneo y una élite corrupta, junto con la exigencia de que la política exprese la voluntad general de ese pueblo. Su núcleo limitado puede combinarse con otras ideologías.

Jan-Werner Müller añade un criterio relevante para esta comparación: la pretensión de representar exclusivamente al pueblo legítimo. Según explica en una entrevista publicada por Princeton, criticar a las élites no basta para identificar el populismo. Lo decisivo en su enfoque es el antipluralismo: negar que otros grupos puedan representar legítimamente a ciudadanos con opiniones diferentes.

Son enfoques analíticos, no una definición que agote todos los debates sobre el término. Adoptarlos permite precisar el problema sin llamar populista a cualquier adversario.

También exige distinguir conceptos próximos. La demagogia busca adhesión mediante la adulación o promesas engañosas; el autoritarismo supone un ejercicio del poder que restringe la competencia y las libertades. Pueden relacionarse con el populismo, pero no son sinónimos. Una propuesta de redistribución, un referéndum o un liderazgo carismático tampoco bastan, por separado, para establecer esa clasificación.

Idea clave: Una demanda puede ser popular y legítima sin que quien la defiende tenga derecho a hablar en nombre de toda la sociedad.

La política económica no basta para reconocer la diferencia

La distinción entre liberalismo político y económico ayuda a evitar un atajo frecuente. El primero remite a libertades, garantías y control del poder. El segundo pone el foco en la propiedad privada, los contratos y el intercambio de mercado. Son dimensiones relacionadas, pero una decisión económica aislada no demuestra compromiso con todas esas garantías.

Supongamos que el partido del ejemplo reduce barreras para abrir empresas. Esa medida podría ampliar la libertad económica. Si al mismo tiempo sostiene que sus críticos carecen de legitimidad para competir, la apertura empresarial no responde a la objeción política. Hay que evaluar ambas actuaciones por su contenido.

Del mismo modo, debatir una transferencia social no permite concluir que sus promotores sean populistas. Importan su justificación, sus reglas y sus efectos; para aplicar las definiciones anteriores también habría que examinar cómo conciben al pueblo y a sus adversarios.

La capacidad del populismo para combinarse con otras ideologías, señalada por Mudde, explica por qué el programa económico no lo define por sí solo. No se pueden deducir de esa etiqueta un tamaño inevitable del Estado, una política comercial concreta ni un resultado económico universal. La comparación institucional requiere mirar quién decide, con qué límites y cómo trata a quienes pueden disputarle el gobierno.

Representar a una mayoría no equivale a encarnar al pueblo

El pluralismo parte de reconocer que una sociedad alberga intereses, convicciones y proyectos distintos. Sus integrantes pueden discrepar profundamente y seguir siendo ciudadanos con los mismos derechos. No necesitan compartir las mismas convicciones políticas para merecer protección.

Una mayoría electoral permite adoptar decisiones mediante las reglas del sistema. No convierte a sus integrantes en la totalidad de la comunidad. Quienes pierden conservan la posibilidad de organizarse, persuadir y ganar después. Sin esa posibilidad, la competencia deja de ofrecer una alternativa efectiva.

Volvamos al partido imaginario. Puede defender que su propuesta recibió más apoyo y que tiene un mandato para ejecutarla. El salto problemático ocurre cuando declara que cualquier oposición es ajena al pueblo. En ese momento sustituye una afirmación comprobable sobre votos por una pretensión moral de representación exclusiva.

La democracia incluye participación, competencia y posibilidad de sustituir a los gobernantes; reducirla al cómputo de una mayoría empobrece el concepto. La democracia liberal articula esos elementos con derechos individuales y restricciones al ejercicio del poder. El desacuerdo puede cambiar una política sin que sus protagonistas pierdan las garantías que permiten discutirla.

John Stuart Mill ofrece un fundamento liberal para esa cautela en los primeros capítulos de Sobre la libertad: el autogobierno colectivo no elimina la posibilidad de que unos ejerzan poder sobre otros, y la presión mayoritaria también puede amenazar la libertad. Es un argumento normativo histórico, no un estudio del populismo contemporáneo.

Desde esa perspectiva, los límites al poder sirven para que un mandato tenga alcance definido. Un tribunal independiente puede revisar una decisión; una oposición puede fiscalizarla; una persona puede reclamar la protección de sus derechos. Ninguno de esos actos equivale, por sí mismo, a negar la soberanía popular.

La tensión con la representación exclusiva es clara: si el gobernante se identifica con todo el pueblo, cualquier control puede presentarse como una agresión contra la comunidad. Este es el riesgo institucional que interesa evaluar, sin afirmar que todo movimiento clasificado como populista termine necesariamente en una dictadura.

Idea clave: El derecho a disentir conserva su valor precisamente cuando el gobierno cuenta con apoyo mayoritario.

¿Y si el populismo recoge demandas que nadie escuchaba?

La objeción merece atención. Un movimiento puede dar expresión a ciudadanos cuyas necesidades han quedado fuera de la agenda pública. Descartar esas demandas por la etiqueta de sus portavoces evita discutir su contenido y deja intacto el problema de representación.

Cristóbal Rovira Kaltwasser plantea esta ambivalencia en “The ambivalence of populism: threat and corrective for democracy”: el populismo puede actuar como correctivo en materia de inclusión y como amenaza para la posibilidad de disputar públicamente el poder, según el caso. Esta tesis permite examinar ambas dimensiones sin dar por demostrado un balance universal.

Que una reivindicación consiga espacio público es una cuestión. Que sus representantes respeten el derecho de otros a organizarse y cuestionarlos es otra. Reconocer el primer avance no obliga a aceptar una concentración del poder; señalar la segunda amenaza tampoco refuta la demanda inicial.

Hay una objeción adicional: los controles institucionales pueden proteger privilegios. Un procedimiento opaco, una barrera de acceso injustificada o una autoridad sin rendición de cuentas no merecen defensa automática por llevar mucho tiempo establecidos. Desde el criterio liberal aquí propuesto, corresponde preguntar si esas instituciones aplican reglas generales y permiten impugnar sus decisiones.

La respuesta exige reformas concretas. Si una regla excluye injustificadamente a ciertos ciudadanos, debe poder revisarse mediante procedimientos públicos y con garantías. Si una autoridad abusa, debe responder por ello. La independencia institucional no puede significar inmunidad frente al escrutinio.

Pero corregir una exclusión tampoco justifica entregar al gobernante la facultad de decidir sin controles. Una reforma debe valorarse por las oportunidades y garantías que deja disponibles para todos, incluidos sus críticos. La prueba es especialmente exigente cuando esos críticos resultan impopulares.

Idea clave: Incluir voces desatendidas y preservar el derecho a cuestionar al gobierno son exigencias que deben evaluarse juntas.

Cómo aplicar la comparación a cualquier gobierno

Esta discusión resulta útil cuando permite examinar conductas. Los mismos criterios deben alcanzar a quienes se presentan como liberales, populistas o ajenos a ambas tradiciones:

• Oposición legítima: ¿reconocen que sus adversarios pueden representar a ciudadanos, competir y llegar al gobierno?
• Reglas generales: ¿las normas protegen derechos y exigen responsabilidades sin depender de la cercanía al poder?
• Controles efectivos: ¿aceptan revisión independiente, fiscalización y procedimientos de reforma que también puedan limitar sus propias decisiones?
• Protección individual: ¿quien discrepa conserva su libertad de expresión, asociación y defensa de sus derechos?

No toda crítica a un juez vulnera su independencia, ni toda reforma institucional concentra poder. Para juzgar una propuesta hace falta observar qué facultades cambia, qué vías de impugnación conserva y quién podrá utilizarlas. Del mismo modo, invocar la libertad no acredita por sí solo una práctica liberal.

Ante una reforma defendida como voluntad del pueblo, una pregunta concreta ayuda a precisar la evaluación: ¿seguirían siendo aceptables estas facultades si mañana las ejerciera el adversario? La respuesta obliga a pensar en instituciones que puedan sobrevivir a la alternancia. Quien hoy apoya al gobierno puede necesitar mañana las garantías que permiten disentir de él.