Fundamentos

Inseguridad jurídica: qué es, por qué surge y cómo afecta al Estado de derecho

Por Daniel Sardá · Publicado el 12 de julio de 2026 a las 16:00 UTC · Actualizado el 15 de julio de 2026

9 min de lectura1.845 palabras

La inseguridad jurídica aparece cuando conocer las reglas ya no basta para anticipar razonablemente cómo actuará el poder público. Entender sus causas permite distinguirla del cambio legal legítimo y de la incertidumbre inevitable.

La inseguridad jurídica es la pérdida de confianza razonable acerca de qué exige el derecho y de cómo será aplicado. No describe la delincuencia ni el temor por la integridad física —eso pertenece al campo de la inseguridad ciudadana—, sino una falla en la relación entre las reglas, las autoridades y las personas sujetas a ellas.

Pensemos en un caso hipotético. Una persona obtiene un permiso conforme a criterios publicados, invierte recursos y comienza una actividad lícita. Meses después, una oficina revoca el permiso invocando una instrucción que nunca se publicó y que, además, no aplica a otros casos semejantes. El problema no es simplemente que la decisión resulte desfavorable. Es que se vuelve difícil saber qué regla rige, por qué se aplica de ese modo y ante quién puede revisarse.

El Diccionario Usual del Poder Judicial de Costa Rica sitúa el núcleo del concepto en la incerteza, la desconfianza y la imprevisibilidad. Esa definición institucional sirve como punto de partida. En términos más amplios, hay inseguridad jurídica cuando las personas no pueden orientar su conducta con una previsión suficiente de sus consecuencias legales, ya sea por defectos de las normas, por actuaciones administrativas inconsistentes o por respuestas judiciales difíciles de conciliar.

Idea clave: La inseguridad jurídica no consiste en perder un caso ni en afrontar una regla exigente. Consiste en no poder conocer o anticipar razonablemente las reglas y su aplicación.

Previsibilidad razonable, no certeza absoluta

Ningún ordenamiento puede prometer que cada controversia tendrá una respuesta obvia. Las leyes usan conceptos generales, los hechos cambian y los jueces deben interpretar. Dos especialistas pueden discrepar de buena fe sobre el alcance de una norma sin que exista, por ello, una crisis de seguridad jurídica.

El estándar sensato es la previsibilidad razonable: que las reglas sean accesibles y suficientemente claras para orientar la conducta, y que su aplicación mantenga una consistencia que permita anticipar resultados dentro de ciertos márgenes. La Comisión de Venecia incluye accesibilidad, previsibilidad, estabilidad y consistencia entre los elementos de la seguridad jurídica vinculada al Estado de derecho.

Esto también impide confundir estabilidad con inmovilidad. Una sociedad necesita reformar leyes injustas, obsoletas o ineficaces. El cambio normativo es compatible con la seguridad jurídica cuando se adopta mediante procedimientos conocidos, se publica, ofrece una transición adecuada cuando corresponde y respeta las garantías aplicables. Lo problemático no es el cambio en sí, sino el cambio opaco, sorpresivo o capaz de frustrar expectativas legítimas sin justificación ni vías de defensa.

La confianza legítima tampoco concede un derecho general a que la legislación permanezca intacta. Protege, con alcances distintos según cada ordenamiento, expectativas cualificadas creadas de buena fe por la actuación estatal. Obliga a considerar la justificación del cambio, sus efectos y las medidas de transición; no convierte toda expectativa individual en un veto contra la reforma.

Cómo se produce la inseguridad jurídica

La pérdida de previsibilidad rara vez nace de una sola causa. Puede comenzar en el texto de una regla y agravarse durante su aplicación. También puede ocurrir que una norma razonablemente clara se vuelva incierta por decisiones administrativas selectivas o por interpretaciones judiciales persistentemente incompatibles.

Reglas inaccesibles, vagas o inestables

La primera dimensión es normativa. Resulta difícil orientar la conducta si las disposiciones no se publican de manera accesible, se contradicen entre sí o delegan decisiones sin indicar fines ni criterios. La complejidad por sí sola no demuestra inseguridad: algunas materias requieren regulación técnica. La señal relevante aparece cuando incluso una persona diligente no puede identificar qué se le exige o cuándo la autoridad dispone de un margen tan abierto que la regla deja de limitarla.

También importan el tiempo y la transición. Una obligación anunciada con antelación y reglas claras para los casos en curso no produce el mismo efecto que una exigencia aplicada de improviso a conductas ya realizadas. La retroactividad merece especial cautela, pero su régimen jurídico varía por materia y jurisdicción; en el ámbito penal, la protección contra sanciones retroactivas es especialmente estricta.

Administración inconsistente o selectiva

Las normas cobran realidad en permisos, impuestos, sanciones, prestaciones y procedimientos. Por eso la seguridad jurídica no depende únicamente de la calidad del texto legal. Una administración puede deteriorarla si altera criterios sin explicación, demora indefinidamente, exige documentos no previstos o trata de manera diferente casos equivalentes sin una razón pública.

Esto no significa eliminar toda discrecionalidad. Las administraciones complejas necesitan adaptar decisiones a circunstancias que el legislador no puede anticipar por completo. La discrecionalidad reglada tiene fines definidos, criterios relevantes, deber de motivación y mecanismos de revisión. La arbitrariedad estatal, en cambio, sustituye esos límites por una voluntad difícil de controlar.

Desde una perspectiva de libertad individual, la diferencia es decisiva. Cuando una autorización depende de reglas públicas, la persona puede cumplirlas y cuestionar su aplicación. Cuando depende de favores o decisiones ad hoc, aumenta su dependencia frente a quien ejerce el poder.

Respuestas judiciales incoherentes o ineficaces

Los tribunales deben resolver desacuerdos reales, de modo que cierta evolución jurisprudencial es normal. Una sentencia distinta no prueba por sí sola arbitrariedad: puede responder a hechos diferentes, a una argumentación mejor o a un cambio jurídico razonado.

El problema surge cuando decisiones equivalentes reciben respuestas incompatibles de manera persistente, sin explicación ni mecanismos eficaces de corrección. También aparece si la revisión llega demasiado tarde para reparar el daño o si una resolución firme puede ser ignorada con facilidad. La previsibilidad requiere jueces independientes y vías de impugnación, pero también razones públicas que permitan comprender por qué un caso se decidió de determinada manera.

Idea clave: Una regla clara puede volverse insegura por una aplicación selectiva; una administración reglada puede perder previsibilidad si la revisión judicial es incoherente. Las dimensiones se refuerzan entre sí.

Señales que permiten reconocerla

La desconfianza social es un dato relevante, pero una percepción aislada no basta para concluir que existe inseguridad jurídica. El diagnóstico debe contrastarse con prácticas observables. Entre las señales más importantes están:

• reglas que no se publican o cuyo contenido resulta difícil de identificar;
• cambios sorpresivos que afectan situaciones consolidadas sin transición ni justificación suficiente;
• facultades públicas formuladas sin fines, criterios o controles claros;
• requisitos creados durante el procedimiento y no previstos de antemano;
• aplicación selectiva de una misma regla a casos comparables;
• decisiones incompatibles que carecen de motivación o de una vía efectiva de revisión.

Ninguna señal aislada demuestra necesariamente una falla sistémica. Un error puede corregirse; una divergencia judicial puede estar razonada; una emergencia puede exigir una respuesta rápida. Conviene observar la frecuencia, la gravedad, la ausencia de justificación y la capacidad institucional para corregir el problema.

La distinción entre percepción y evidencia protege contra dos errores. El primero es minimizar una experiencia extendida de indefensión. El segundo es usar la etiqueta de inseguridad jurídica para descalificar cualquier decisión impopular o cualquier regulación que imponga costos.

Qué efectos tiene sobre derechos y decisiones

La consecuencia más inmediata es práctica: las personas pierden capacidad para decidir. Si no saben qué condiciones conservarán un permiso, qué cláusulas serán exigibles o qué procedimiento permite defender una propiedad, deben dedicar más recursos a cubrir riesgos que el propio sistema genera.

Esto afecta contratos, proyectos personales, asociaciones y decisiones empresariales. Puede volver más difíciles la planificación y la inversión, pero la relación económica es multicausal: no corresponde atribuir a la inseguridad jurídica, por sí sola, un resultado concreto sobre el crecimiento. La afirmación más prudente es que eleva riesgos y dificulta acuerdos de largo plazo.

El daño tampoco se limita a la economía. Una persona puede renunciar a ejercer un derecho si teme que la regla cambie selectivamente o que la revisión nunca llegue. Otra puede buscar intermediarios con acceso privilegiado en lugar de seguir un procedimiento público. Así, la incertidumbre institucional altera incentivos y favorece relaciones de dependencia.

Las reglas generales cumplen aquí una función protectora. La generalidad de la ley reduce el espacio para excepciones concebidas contra personas concretas y hace más visible el trato desigual. No garantiza por sí sola una norma justa, pero dificulta que el poder cambie de criterio según la identidad o influencia del destinatario.

Advertencia: Una regla perfectamente previsible también puede ser injusta u opresiva. La seguridad jurídica es necesaria para el Estado de derecho, pero no sustituye los derechos fundamentales ni la evaluación moral de la ley.

Seguridad jurídica y límites al poder

La seguridad jurídica forma parte de un Estado de derecho porque transforma el ejercicio del poder en una actividad sometida a reglas. Publicidad, legalidad, motivación, revisión y cumplimiento de las decisiones judiciales permiten que la persona no dependa enteramente de la voluntad del funcionario de turno.

Esta relación expresa una intuición clásica liberal: la libertad necesita un ámbito en el que cada individuo pueda formar planes sin pedir permiso para cada paso ni temer intervenciones imprevisibles. Las reglas públicas y generales no eliminan el poder, pero lo vuelven más controlable. Permiten conocer sus fronteras, exigir razones y recurrir una decisión.

Sin embargo, la mera existencia de muchas normas no equivale a legalidad. Un gobierno podría regular cada aspecto de la vida mediante disposiciones publicadas y, aun así, vulnerar libertades básicas. Tampoco basta con una constitución solemne si las autoridades ordinarias ignoran sus límites. La previsibilidad debe integrarse con controles al poder, igualdad ante la ley, tutela judicial y respeto por los derechos.

Cómo reducirla sin congelar el derecho

No existe una fórmula que elimine toda incertidumbre. Sí hay condiciones institucionales que la mantienen dentro de límites compatibles con una sociedad abierta:

• publicar las normas y decisiones relevantes de forma accesible;
• redactar reglas con suficiente claridad y coordinar disposiciones que puedan entrar en conflicto;
• justificar los cambios y prever transiciones cuando afecten expectativas legítimas;
• delimitar la discrecionalidad mediante fines, criterios, motivación y controles;
• aplicar las reglas de manera consistente a casos comparables;
• asegurar revisión independiente y mecanismos que corrijan divergencias persistentes.

Estas medidas no buscan convertir al derecho en una máquina automática. La flexibilidad puede ser necesaria para responder a situaciones excepcionales y para evitar resultados manifiestamente inequitativos. Pero cuanto mayor sea el margen de decisión, mayor debe ser la exigencia de razones, transparencia y revisión.

Idea clave: Un sistema seguro no promete que las reglas nunca cambiarán. Promete que el cambio y la aplicación del derecho estarán sujetos a procedimientos, razones y límites conocidos.

La prueba final no es si una persona puede anticipar cada sentencia o decisión administrativa. Es si puede conocer las reglas relevantes, confiar razonablemente en que casos semejantes recibirán un trato semejante y acudir a una instancia capaz de revisar el abuso. Allí donde esa posibilidad se debilita, la inseguridad jurídica deja de ser una impresión difusa y se convierte en un problema institucional de libertad y de límites al poder.

Fuentes consultadas

• Poder Judicial de Costa Rica, “Inseguridad jurídica”, Diccionario Usual.
• Comisión de Venecia, *Rule of Law Checklist* (2016).
• Comisión de Venecia, *Report on the Rule of Law* (2011).
• Comisión de Venecia, CDL(2020)033.
• World Justice Project, “Regulatory Enforcement”.