Control de acceso por cliente: quién puede ver y hacer qué

Dos clientes pueden usar la misma aplicación y tener acceso a datos distintos. La clave está en definir los permisos y verificarlos sobre cada recurso solicitado.

Por Daniel Sardá · Publicado el

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¿Por qué dos cuentas que entran en la misma aplicación pueden consultar facturas diferentes? Porque usar un servicio no implica tener permiso para acceder a todo lo que contiene. La aplicación necesita decidir qué puede consultar o modificar cada solicitante.

La expresión control de acceso por cliente puede describir esa diferenciación de permisos. Conviene precisar el contexto: no es una denominación técnica universal y «cliente» puede referirse tanto a una cuenta comercial como a una aplicación informática. Aquí trataremos el acceso a recursos digitales en una aplicación conectada a un servicio remoto.

También hay una ambigüedad importante: asignar permisos por cliente y ejecutar controles del lado del cliente son cuestiones distintas. Una indica a quién se permite acceder; la otra, dónde se hace una comprobación.

Una solicitud, cuatro preguntas

Imaginemos un portal donde dos empresas, A y B, consultan sus facturas. Una persona entra con una cuenta asociada a A y solicita descargar un documento. Para decidir si debe entregarlo, el servicio necesita resolver cuatro preguntas:

  • Quién solicita: qué cuenta o identidad está actuando y, cuando corresponda, a quién representa.
  • Qué recurso pide: cuál es la factura concreta.
  • Qué quiere hacer: consultar, descargar, modificar o eliminar.
  • Qué regla lo permite: por ejemplo, que la cuenta pueda consultar las facturas de A, pero no modificarlas.

El permiso depende de esa relación. Poder abrir la sección «Facturas» no significa poder leer cualquier factura del portal. Tampoco tener permiso para consultar un documento supone poder cambiarlo.

OWASP explica esta necesidad de comprobar el objeto y la acción concretos en su guía sobre fallos de autorización a nivel de objeto en las API. Una API es una vía mediante la cual una aplicación solicita datos o acciones a otro sistema; el mismo problema aparece cuando el portal pide una factura al servicio que la almacena.

Idea clave: Un permiso debe responder quién puede hacer qué sobre un recurso concreto. Acceder a una sección no concede acceso a todos sus contenidos.

Una aplicación también puede ser el cliente

En el ejemplo, «cliente A» identifica a una empresa usuaria del servicio. En informática, en cambio, la aplicación que envía la solicitud también puede llamarse cliente: un navegador, una aplicación móvil o un programa que trabaja automáticamente.

Esa aplicación puede actuar por cuenta de otra persona. La especificación OAuth 2.0, en su definición de roles, distingue precisamente entre la aplicación cliente y el titular del recurso. La distinción ayuda a evitar un error: saber qué programa envía una solicitud no determina por sí solo de quién son los datos ni qué operaciones están permitidas.

Declarar una identidad, comprobarla y conceder permisos

En el portal de facturas, escribir un nombre de usuario sirve para indicar una identidad. Demostrar que se puede actuar con ella corresponde a la autenticación, mediante el mecanismo que utilice el servicio.

Después queda una pregunta diferente: ¿qué puede hacer esa identidad? Eso pertenece a la autorización. Una cuenta autenticada de A puede estar autorizada para descargar las facturas de A y carecer de permiso para consultar las de B.

Esta separación entre autenticación y autorización evita confundir «ha entrado correctamente» con «puede acceder a todo». Tampoco implica que todos los recursos exijan iniciar sesión: un servicio puede permitir consultar información pública sin autenticación. La regla de acceso debe reflejar ese carácter público.

La guía de autorización de OWASP distingue ambas funciones y recomienda verificar los permisos en cada solicitud. Haber superado una comprobación anterior no resuelve automáticamente la siguiente.

Dónde se comprueba el permiso importa

El portal puede ocultar el botón «Eliminar factura» a quien solo tiene permiso de lectura. Es una buena forma de orientar a la persona: muestra las acciones disponibles y evita ofrecer opciones que terminarían rechazadas.

Pero esa interfaz no basta para proteger el documento. En una aplicación cliente-servidor, alguien puede intentar enviar una solicitud sin utilizar los botones previstos. Por eso, los controles ejecutados en el navegador o en una aplicación bajo control del usuario no deben ser la barrera decisiva de autorización.

Según la misma guía de OWASP, la decisión debe aplicarse en una capa confiable, como el servidor, una pasarela o funciones que hagan cumplir la política de acceso. Esto no exige un único servidor físico: exige que el solicitante no pueda saltarse la comprobación modificando su propia interfaz.

Idea clave: Ocultar un botón ayuda a usar la aplicación. La protección del recurso depende de que el sistema rechace también una solicitud no autorizada enviada por otra vía.

Así se aclaran los dos sentidos de la expresión inicial. Los permisos por cliente pueden diferenciar lo que corresponde a A y a B. Los controles del lado del cliente pueden adaptar lo que cada persona ve en pantalla. Para proteger los datos remotos, la autorización debe seguir vigente fuera de esa pantalla.

La prueba de las dos facturas

Supongamos que A consulta una factura propia y después cambia el identificador de la solicitud por el de una factura de B. Aunque el portal no muestre enlaces a documentos ajenos, el servicio debe comprobar si A tiene permiso para consultar ese documento concreto antes de entregarlo.

Si responde solo porque la cuenta ha iniciado sesión o porque tiene acceso a la sección de facturas, falta una comprobación esencial. OWASP describe este tipo de fallo en su documentación sobre autorización a nivel de objeto. Usar identificadores difíciles de adivinar tampoco sustituye el permiso: la decisión debe mantenerse aunque el solicitante conozca el identificador.

El resultado correcto depende de la política del servicio. Si A y B no comparten documentos, la solicitud debe rechazarse. Si B ha concedido a A un acceso válido a esa factura, puede permitirse su consulta dentro del alcance concedido. Aislar cuentas significa impedir el acceso no autorizado, y permite compartir recursos cuando existe una regla que lo autoriza.

La operación también cuenta. Un permiso compartido de lectura no concede por sí mismo permiso para modificar el importe o eliminar la factura.

Permisos con límites claros

Delimitar el acceso a datos ayuda a proteger la privacidad y la autonomía de quienes los utilizan. En el portal, permite que contratar un servicio común no implique exponer las facturas propias a todas las demás cuentas.

Es una protección con un alcance concreto. Que una cuenta pueda consultar una factura no determina qué debería hacer después con una copia descargada. Los permisos del portal tampoco garantizan por sí solos la seguridad de todo el sistema ni resuelven cada cuestión sobre el uso de los datos.

Idea clave: Una política útil expresa tanto lo que permite como sus límites: recurso, operación y condiciones de acceso.

Para entender cómo funciona un servicio, conviene volver a la solicitud concreta: qué cuenta pide la factura, a quién corresponde, qué quiere hacer con ella y qué componente verifica la regla antes de responder. Si esas respuestas están claras, «acceso por cliente» deja de ser una etiqueta ambigua y se convierte en una decisión que puede comprobarse.

Sobre el autor

Daniel Sardá es SEO Specialist, técnico superior universitario en Comercio Exterior por la Universidad Simón Bolívar y editor de Libertatis Venezuela. Escribe sobre liberalismo, economía política, instituciones, propaganda y libertad individual desde una perspectiva independiente y no partidista.

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