Fundamentos

Liberalismo y libertad religiosa: qué protege un Estado liberal

Por Daniel Sardá · Publicado el 12 de septiembre de 2026 a las 21:55 UTC

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Un Estado liberal no decide qué fe merece más respeto: protege la conciencia de creyentes y no creyentes, y limita la coacción sobre sus manifestaciones.

La relación entre liberalismo y libertad religiosa empieza por una pregunta incómoda para cualquier poder: ¿puede una autoridad decidir qué convicciones son aceptables? La respuesta liberal es no. Una persona puede creer, dudar, abandonar una fe o no profesar ninguna sin que esa decisión la convierta en ciudadana de segunda clase.

La libertad religiosa no es una licencia concedida a las religiones mayoritarias ni una invitación a retirar la fe de la vida social. Es una protección de la persona frente a la coacción: frente al Estado que impone una doctrina, pero también frente a reglas que castigan injustificadamente una convicción pacífica. Su alcance incluye a creyentes, conversos, agnósticos, ateos y minorías religiosas.

Idea clave: un Estado liberal no tiene que decidir cuál convicción es verdadera; debe impedir que una convicción se imponga por la fuerza sobre las demás.

Esta postura no vuelve toda práctica religiosa intocable. Distingue entre el ámbito de la conciencia, que merece una protección especialmente fuerte, y las conductas externas, que pueden afectar a terceros. El desafío consiste en preservar ambos lados: la libertad de cada persona y las reglas comunes que protegen los derechos de todos.

Qué abarca la libertad religiosa

El artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Incluye cambiar de religión o de creencia y manifestarla individual o colectivamente, en público o en privado, mediante enseñanza, práctica, culto y observancia.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos formula la misma protección y añade una garantía decisiva: nadie debe ser objeto de medidas coercitivas que menoscaben su libertad de tener o adoptar una religión o unas creencias de su elección. La Observación general n.º 22 del Comité de Derechos Humanos aclara que esto comprende las creencias teístas, no teístas y ateas, así como el derecho a no profesar ninguna religión o creencia.

En términos prácticos, la protección abarca, entre otras cosas:

• tener una religión, no tenerla o cambiarla;
• participar en un culto o abstenerse de hacerlo;
• enseñar y transmitir una convicción de manera pacífica;
• reunirse con otros para practicarla;
• no ser obligado a declarar una adhesión religiosa.

No todo desacuerdo social es una violación de este derecho. Una creencia puede ser criticada, discutida o rechazada por otros. La línea que importa para el liberalismo es la coacción: castigar, obligar o excluir a alguien desde el poder público por el contenido de su conciencia.

Por qué la conciencia limita al poder

El liberalismo político parte de que cada individuo posee una esfera de juicio que no pertenece al gobierno. La religión ocupa un lugar importante en esa esfera, pero no es la única: también cuentan las convicciones filosóficas y la decisión de no adoptar una fe.

John Stuart Mill defendió en On Liberty la libertad de pensamiento y discusión, incluidas las cuestiones teológicas. Su argumento es filosófico, no una norma jurídica vigente: incluso una opinión equivocada no debe ser silenciada sin más, porque la coacción empobrece la búsqueda de la verdad y somete al individuo al juicio de otros. Aplicado a la religión, el punto liberal es más modesto y más firme: el poder no está legitimado para fabricar creencias sinceras mediante castigos o premios.

Esto conecta la libertad religiosa con los derechos individuales. La ciudadanía no debería depender de asistir a un rito, de renunciar a él ni de demostrar que una convicción resulta popular. Cuando el acceso a un empleo público, a la educación o a la protección legal depende de la fe correcta, la igualdad ante la ley deja de ser igualdad.

Idea clave: proteger la conciencia no exige que todos aprueben todas las creencias; exige que nadie use la fuerza pública para convertir la aprobación en obediencia.

Tolerancia no es lo mismo que derecho

La tolerancia fue un avance importante frente a la persecución, pero puede quedarse corta. Quien tolera conserva, en principio, la posibilidad de retirar su permiso. Un derecho, en cambio, no depende de la benevolencia de una mayoría ni de la simpatía de un gobernante.

Por eso la libertad religiosa no consiste en pedir indulgencia para una práctica minoritaria. Consiste en contar con una garantía exigible frente a la coacción injustificada. La tolerancia liberal no es indiferencia hacia las diferencias: es la decisión de convivir con ellas sin convertir las instituciones en instrumentos de castigo moral.

La distinción también evita el privilegio. Si la protección se formula como un favor especial para ciertas iglesias, quienes no pertenecen a ellas quedan fuera. Si se formula como libertad de conciencia e igualdad jurídica, la pregunta cambia: ¿se está protegiendo a una persona frente a una carga arbitraria o se le está concediendo una ventaja que niega a los demás?

Creer es libre; actuar tiene un contexto compartido

El derecho a tener o adoptar una religión o creencia no admite que el Estado fuerce a una persona a cambiar de convicción. La manifestación externa —el culto, la práctica, la enseñanza o la observancia— sí puede entrar en conflicto con derechos ajenos o con obligaciones generales.

Eso no autoriza límites vagos. El artículo 18.3 del Pacto establece que las restricciones a la manifestación deben estar previstas por la ley y ser necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás. La Observación general n.º 22 insiste en que esas restricciones deben interpretarse estrictamente.

Pensemos en tres situaciones. Una persona que cambia de religión no debería ser sancionada por ello. Una comunidad puede celebrar un rito pacífico y organizar su vida asociativa. Pero una práctica que emplea violencia, fraude o coacción contra quienes no consienten deja de ser un asunto puramente interno: involucra derechos de terceros.

La dificultad real aparece en los casos intermedios, cuando una norma general choca con una práctica de conciencia sin que el daño a otros sea evidente. Allí un enfoque liberal pide razones públicas, reglas previsibles y examen de alternativas menos restrictivas. No basta que una costumbre incomode a la mayoría; tampoco basta invocar una convicción para anular de inmediato cualquier deber común.

Advertencia: la libertad religiosa no convierte toda conducta en una excepción a la ley, pero una ley general tampoco justifica automáticamente imponer cargas innecesarias a una minoría.

Ese equilibrio requiere Estado de derecho: normas conocidas, autoridades sometidas a límites y decisiones que puedan justificarse sin apelar al prejuicio contra una religión o contra la ausencia de religión.

Neutralidad, laicidad, secularismo y separación

Estas palabras suelen mezclarse, aunque nombran planos distintos. La neutralidad del Estado es un criterio de trato: las instituciones no deben privilegiar ni castigar a las personas por sus convicciones. No significa que los ciudadanos hayan de ocultar su fe, ni que el Estado deba adoptar una filosofía antirreligiosa. Véase también neutralidad del Estado.

La separación entre instituciones religiosas y estatales es un arreglo institucional que puede ayudar a impedir que una iglesia use el poder público o que el gobierno controle una iglesia. No es, por sí sola, una definición completa de libertad religiosa. Puede haber separación formal y trato desigual; también pueden existir formas de cooperación regulada cuya legitimidad dependa de si respetan la igualdad y la no coacción.

La laicidad designa tradiciones constitucionales diversas sobre esa relación. El secularismo puede describir tanto procesos sociales de menor influencia religiosa como posturas normativas sobre el lugar de la religión. Ninguno de los dos términos responde automáticamente a la pregunta central: ¿las personas pueden creer, no creer, cambiar y manifestar sus convicciones pacíficamente en condiciones de igualdad?

La mejor prueba no es la etiqueta institucional, sino el resultado jurídico. Un Estado es neutral cuando no exige una ortodoxia, no distribuye protección según el credo y aplica las restricciones con criterios generales y controlables.

Pluralismo sin persecución ni privilegios

La libertad religiosa pone a prueba la calidad de una sociedad plural. Es fácil defender la conciencia cuando coincide con la propia; resulta más exigente protegerla cuando incomoda, cuando pertenece a una minoría o cuando se expresa como ausencia de fe.

Desde una mirada liberal, la respuesta no es borrar las diferencias del espacio público. Es impedir que se conviertan en títulos de dominación. Las personas pueden argumentar desde convicciones religiosas, ateas o filosóficas; las instituciones, por su parte, deben responder con leyes generales y razones que no degraden a unos ciudadanos frente a otros.

Así entendida, la libertad religiosa es una garantía de convivencia, no una tregua precaria. Protege el derecho a buscar sentido sin tutela política y recuerda un límite elemental: ni la fe de la mayoría ni el escepticismo de la mayoría autorizan a gobernar la conciencia ajena.