Fundamentos

Inflación y responsabilidad: quién responde por la pérdida de poder adquisitivo

Por Daniel Sardá · Publicado el 19 de septiembre de 2026 a las 00:28 UTC

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La inflación no convierte automáticamente en culpable a quien sube un precio. Entenderla exige separar causas, mandatos y rendición de cuentas.

Cuando el dinero alcanza para menos, la pregunta por la responsabilidad aparece enseguida: ¿fue el gobierno, el banco central, las empresas, los consumidores o una crisis externa? La respuesta seria no cabe en un nombre propio ni en una consigna. Primero hay que precisar qué ocurrió; después, qué decisiones contribuyeron a ello; y finalmente, quién tenía el deber y los medios institucionales para evitar que el problema se prolongara.

La inflación es un aumento amplio y sostenido del nivel de precios que erosiona el poder adquisitivo de la moneda. Los índices la miden con una cesta de bienes y servicios, por lo que cada hogar puede experimentar el encarecimiento de forma distinta. Pero esa diferencia no convierte cualquier subida de precio en inflación.

Idea clave: Que se encarezca un producto modifica una señal del mercado; que suban ampliamente los precios modifica el poder de compra del dinero.

Antes de repartir culpas, distinguir el fenómeno

Si una sequía reduce una cosecha, el alimento afectado puede encarecerse. Si se interrumpe una ruta comercial, puede subir el precio de la energía. Son cambios importantes y dolorosos, pero también transmiten información sobre escasez y ayudan a ajustar consumo, producción e inversión. Llamarlos inflación sin más borra una distinción útil.

El problema inflacionario empieza cuando la presión se extiende a una gama amplia de precios y persiste. Un aumento puntual puede ser el detonante de tensiones posteriores, pero no explica por sí solo por qué esas tensiones pasan a salarios, contratos, alquileres y decisiones de precios de muchos sectores. El FMI señala que los shocks de oferta, el exceso de demanda y las expectativas pueden intervenir en esa dinámica. Ninguno debería usarse como explicación automática y única.

Esta distinción cambia el debate. Decir que una empresa trasladó un mayor costo puede describir una decisión concreta; no demuestra que esa empresa controle el nivel general de precios. Decir que las familias anticipan subidas puede describir una reacción prudente; no prueba que su previsión haya creado de la nada el deterioro monetario. Explicar una conducta no equivale a absolverla de toda crítica, pero tampoco a atribuirle un poder que no tiene.

Tres sentidos de responsabilidad

La palabra “responsabilidad” suele mezclar planos distintos. Separarlos permite hacer preguntas mejores.

• Responsabilidad causal: quién contribuyó a un resultado mediante una acción, una omisión o una regla.
• Responsabilidad institucional: quién tenía un mandato y herramientas para proteger un objetivo público, como la estabilidad de precios.
• Responsabilidad de rendición de cuentas: quién debe explicar sus decisiones, reconocer errores y someterse a controles.

Una autoridad monetaria puede no controlar un shock global de energía, pero sí debe explicar cómo evalúa su posible propagación y qué instrumentos emplea dentro de su mandato. Un gobierno puede enfrentar una emergencia legítima, pero tiene que transparentar cómo la financia y qué costos traslada al futuro. Empresas y hogares toman decisiones bajo esas condiciones; su margen de adaptación es real, aunque no sea equivalente al poder de definir las reglas fiscales y monetarias.

Idea clave: Tener influencia sobre un precio no es lo mismo que tener el mandato de resguardar el valor de la moneda.

Déficit, dinero y persistencia: una relación condicionada

El déficit público merece escrutinio porque puede crear un conflicto entre necesidades de financiamiento y estabilidad de precios. Sin embargo, “hay déficit, luego habrá inflación” es una fórmula demasiado pobre. Importa cómo se financia, qué capacidad tiene la economía para absorber el gasto, qué reglas limitan las decisiones y si la política monetaria puede orientarse realmente a su mandato.

La literatura del FMI sobre dominancia fiscal describe un riesgo preciso: la política monetaria puede quedar condicionada por las exigencias fiscales. En ese escenario, la autoridad encargada de la estabilidad pierde margen para actuar según su objetivo porque otras decisiones públicas presionan su financiamiento. No es un diagnóstico que deba aplicarse a cualquier país sin evidencia; sí es una razón para exigir presupuestos comprensibles, límites creíbles y una delimitación clara de competencias.

Imaginemos un gobierno que promete gasto permanente mientras confía en crédito barato y en que la autoridad monetaria facilitará la financiación si las cuentas se complican. Aunque no produzca inflación de inmediato, ha creado incentivos para subordinar la estabilidad de precios a una necesidad fiscal. La responsabilidad no se agota en el momento de la emisión: también está en las reglas y compromisos que hicieron esa salida políticamente atractiva.

Las expectativas importan en este proceso porque influyen en contratos y decisiones presentes. Si trabajadores, proveedores y comerciantes esperan que los precios sigan subiendo, pueden intentar protegerse. Pero esa reacción necesita un contexto: no conviene tratarla como una fuerza misteriosa que exime a quienes conducen la política o que convierte toda anticipación en causa suficiente. La confianza se construye —o se pierde— con hechos, comunicaciones y reglas previsibles.

Autonomía no significa ausencia de control

Una autoridad monetaria con independencia operativa puede resistir mejor la tentación de financiar objetivos de corto plazo a costa de la moneda. Pero la independencia no es un blindaje contra la crítica ni una garantía de resultados perfectos. El BIS presenta el mandato, la independencia y la rendición de cuentas como elementos complementarios.

Eso exige que el mandato sea legalmente claro, que las decisiones sean explicables y que exista supervisión pública sin instrucciones partidistas sobre cada instrumento. La autonomía de medios puede ser compatible con la democracia precisamente cuando los fines, los límites y los mecanismos de evaluación son visibles. Una institución que pide confianza sin ofrecer razones debilita la credibilidad que necesita.

Idea clave: La independencia útil protege decisiones técnicas de la presión inmediata; la rendición de cuentas obliga a justificar esas decisiones ante el público.

También conviene mirar las reglas que delimitan el poder discrecional. Las reglas que limitan la discrecionalidad reducen la posibilidad de cambiar el marco monetario o fiscal según la urgencia política del día. No sustituyen el juicio ante una crisis, pero hacen más fácil identificar quién decidió, con qué autoridad y bajo qué restricciones.

Qué pueden hacer empresas y hogares

Las empresas compiten, ajustan precios, absorben costos o buscan alternativas; los hogares comparan, ahorran y renegocian. Esas respuestas forman parte de una economía abierta y no deberían moralizarse como si fuesen una conspiración contra el consumidor. Si el combustible sube de manera transitoria, por ejemplo, una empresa de transporte puede revisar sus tarifas para no operar con pérdidas. El lector puede juzgar la calidad de ese servicio o la intensidad de la competencia, pero el caso aún no demuestra una inflación general.

La responsabilidad privada sí importa en otro sentido: cumplir contratos, comunicar condiciones con claridad y no buscar privilegios que trasladen pérdidas a otros. Sin embargo, pedir prudencia individual no reemplaza el deber público de evitar reglas que vuelvan imprevisible el cálculo económico. La pérdida de poder adquisitivo afecta especialmente a quienes tienen menos capacidad de proteger sus ingresos, pero la solución no es convertir sus decisiones cotidianas en el principal objeto de reproche.

Una pregunta más exigente para el debate público

Ante cada afirmación sobre “quién causó la inflación”, conviene preguntar: ¿habla de un precio relativo o de un aumento amplio?, ¿describe un detonante o una condición que hizo persistente el proceso?, ¿identifica a quien influyó o a quien tenía competencia institucional? Estas preguntas no eliminan el desacuerdo, pero evitan que la indignación sustituya al análisis.

La perspectiva liberal no requiere negar shocks, errores empresariales ni dificultades sociales. Exige algo más concreto: reglas generales, límites al uso discrecional del poder y responsables identificables cuando se toman decisiones que comprometen el valor de la moneda. Comprender las causas de la inflación permite discutir mecanismos; asignar responsabilidad con rigor permite corregirlos sin inventar culpables únicos.